En salud, Chile demostró que, cuando una intervención salva la vida de los niños, la evidencia se transforma en política pública. La inclusión universal de la vacuna Nirsevimab redujo a cero las muertes de lactantes por virus sincicial durante 2024 y 2025. En seguridad vial infantil, esa misma convicción sigue ausente.
La evidencia demuestra que el uso de las sillas de seguridad reduce hasta en un 80% el riesgo de muerte y lesiones. Que solo el 35% de los niños menores de nueve años use estos equipos en Chile revela que seguimos fallando en una de las medidas más básicas para salvar vidas: educar, fiscalizar y exigir el cumplimiento de una norma que no admite excepciones.
Así como el Estado incorporó una vacuna cuando la evidencia demostró su eficacia, hoy debe exigir que los niños viajen en estos equipos en sentido contrario a la marcha, al menos hasta los dos años, ya que esta medida reduce hasta cinco veces el riesgo de sufrir lesiones graves en colisiones frontales. Cuando se conoce una medida que salva vidas y, aun así, no se exige su obligatoriedad, la falta de acción también se convierte en una decisión.
