Se designó al ingeniero en Transporte Marítimo y Puertos, Rodolfo Ponce, para realizar la pericia. Una vez realizado su informe, el Tribunal estará en condiciones de avanzar hacia la resolución de la causa, aunque el proceso continuará en segunda instancia.
El 5º Juzgado Civil de Valparaíso designó al ingeniero en Transporte Marítimo y Puertos Rodolfo Alfredo Ponce Vargas como perito en la causa entre el sindicato de pescadores artesanales SIPSA, de la ex Caleta Sudamericana, y la Empresa Portuaria Valparaíso. Cabe recordar que el juicio busca dejar sin efecto el acuerdo que permitió el traslado de los pescadores desde la ex Caleta Sudamericana, en un conflicto que se arrastra desde la salida de los trabajadores del histórico emplazamiento en 2013 y que también contempla las medidas de mitigación y compensación asociadas a dicho proceso.
En detalle, la pericia busca dar cuenta de la compatibilidad o incompatibilidad entre las actividades de pesca artesanal que se desarrollaban en la ex Caleta Sudamericana y las operaciones portuarias ejecutadas o proyectadas por la Empresa Portuaria Valparaíso en dicho sector. En ese sentido, se busca considerar especialmente que actualmente continúan desarrollándose actividades marítimas y portuarias en el borde costero, entre ellas servicios de transporte marítimo de pasajeros, operación de embarcaciones menores y actividades de astillero.
Rodolfo Ponce Vargas es ingeniero en Transporte Marítimo y Puertos. Entre sus antecedentes profesionales se encuentran su formación como capitán de alta mar y estudios relacionados con la planificación, gestión y gobernanza de ciudades-puerto, además de experiencia como consultor y profesional ligado al sector. De acuerdo con la resolución, una vez realizada la audiencia de reconocimiento, el perito contará con un plazo de 20 días para desarrollar la diligencia.
“El profesional que hemos solicitado que nos colabore en los peritajes tiene las competencias técnicas adecuadas para generar un informe que constate las irregularidades que actualmente están ocurriendo en el sector que antiguamente los pescadores de la ex Sudamericana ocuparon”, explicó al respecto Patricio Sepúlveda, ingeniero y socio director de la oficina de abogados e ingenieros KYS, quienes representan al sindicato SIPSA.
Por su parte, la abogada Dangeri Godoy explicó que “actualmente nos encontramos a la espera de que el perito que fue designado en la causa preste el juramento correspondiente, realice el reconocimiento pericial y posteriormente emita su informe. Esta sería la última diligencia probatoria que se encuentra pendiente”.
En particular, el peritaje permitirá aportar al tribunal antecedentes especializados respecto de las circunstancias que son objeto de controversia en el proceso. Una vez realizada la pericia, el Tribunal quedará en condiciones de avanzar hacia la resolución de la causa.
Sin embargo, la abogada de SIPSA recalcó que la realización de esta última diligencia no significa que el proceso judicial esté próximo a concluir de manera definitiva: “Es importante señalar que la causa aún tiene camino por recorrer, dado que cualquiera sea el resultado de este juicio va a ser objeto de un recurso de apelación. Así que esta causa va a continuar ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso”.
En tanto, la Empresa Portuaria Valparaíso cuestionó dicha designación, a través de un escrito presentado ante el Tribunal, donde señalan que algunas publicaciones realizadas por Ponce Vargas en redes sociales, favorables a la pesca artesanal, podrían afectar su imparcialidad. EPV se reservó además el derecho de solicitar su inhabilidad si considera que existen antecedentes que comprometan su objetividad.
Al respecto, la abogada Godoy descartó que existan razones objetivas para cuestionar la imparcialidad del profesional: “Para nosotros no existe en este momento ninguna razón objetiva para poner en duda la imparcialidad del perito designado en esta causa. Se trata de un profesional que no conocemos y cuya designación fue realizada por el propio Tribunal”. En esa línea, agregó que, si EPV estimaba que existía algún antecedente concreto que comprometa su imparcialidad, debió plantearlo oportunamente mediante una objeción. A su juicio, el escrito presentado “parece más bien una forma de dejar preparada una eventual impugnación para el caso de que el resultado de la pericia no sea favorable a sus intereses”.
En tanto, el también abogado de SIPSA, Jorge Valenzuela, calificó como “sorprendentes” los reparos de EPV frente a la imparcialidad de determinados profesionales, cuando “la propia empresa acompañó en esta causa un informe en derecho elaborado por el profesor Jorge Bermúdez, quien no solo ha prestado servicios profesionales para la EPV en el pasado, sino que además emitió diversos pronunciamientos favorables a sus intereses durante su desempeño como Contralor General de la República”.
