El presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara, diputado Juan Carlos Beltrán (RN), calificó como “una irresponsabilidad enorme” las irregularidades detectadas por la Contraloría y anunció que propondrá una sesión especial para que el organismo y el Ministerio de Vivienda expliquen el destino de más de $239 millones.
Una fiscalización al Ministerio de Vivienda anunció el presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Beltrán (RN), luego de que un informe de Contraloría detectara, entre otras irregularidades, el pago de subsidios de arriendo a 168 personas fallecidas, además de recursos comprometidos por más de $238 millones.
El parlamentario calificó los antecedentes como “una vergüenza nacional”, especialmente considerando la crítica situación habitacional que enfrenta el país y la gran cantidad de familias que aún esperan acceder a una vivienda.
“No es posible que se hayan entregado este tipo de subsidios habiendo tanta necesidad en nuestro país. Como presidente de la Comisión de Vivienda he recorrido distintas comunas, especialmente en La Araucanía, y he visto directamente la realidad de cientos de miles de familias que necesitan una solución habitacional. Que aparezcan subsidios entregados a personas fallecidas es una irresponsabilidad enorme y una vergüenza”, sostuvo Beltrán.
Ante la gravedad de los antecedentes, el diputado RN adelantó que propondrá a los integrantes de la Comisión de Vivienda* adoptar los acuerdos necesarios para realizar una sesión especial*, con el objetivo de conocer directamente las conclusiones del organismo fiscalizador y las medidas adoptadas por el Ejecutivo.
En concreto, Beltrán solicitará que Contraloría exponga ante la Comisión el contenido y alcance del Informe N° 314, mientras que el Ministerio de Vivienda deberá informar qué acciones ha adoptado frente a las irregularidades detectadas.
Asimismo, el parlamentario planteó que el Ministerio explique el estado de la investigación sumaria ordenada por Contraloría, las acciones destinadas a regularizar los recursos involucrados ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y si los mecanismos de control comprometidos actualmente se encuentran efectivamente operativos.
“El Congreso tiene el deber de fiscalizar estos hechos. Estamos hablando de antecedentes ocurridos bajo la administración anterior, pero el informe es de julio de este año y, por lo tanto, existen nuevos antecedentes que debemos conocer y esclarecer”, afirmó.
El presidente de la Comisión de Vivienda también puso el foco en la necesidad de recuperar los recursos públicos que fueron pagados indebidamente, advirtiendo que poner término posteriormente a los contratos no soluciona el problema del dinero que ya fue desembolsado.
“Me parece indispensable que se nos informe si se está gestionando la restitución de los montos percibidos indebidamente. El propio informe de Contraloría es claro en señalar que terminar los contratos posteriormente no subsana el gasto que ya se materializó”, enfatizó.
Finalmente, Beltrán sostuvo que la discusión no debe centrarse en responsabilidades políticas individuales, sino en la capacidad del Estado para garantizar que los recursos destinados a las familias más vulnerables lleguen efectivamente a quienes los necesitan.
“Esto no es una discusión sobre personas, es una discusión sobre si el Estado sabe o no sabe a quién le está pagando. Mientras eso no esté resuelto, una política tan importante como la de campamentos queda expuesta, y quienes terminan pagando el costo son las familias que llevan años esperando una solución habitacional”, concluyó.
