Con el propósito de intercambiar experiencias y desarrollar actividades de cooperación técnica que permitan fortalecer una cultura de integridad en el sector público, la Contraloría General suscribió un convenio de colaboración con la Fundación Red de Integridad y Estado Abierto (RIEA), el martes 18 de agosto.
El instrumento -firmado por la Contralora General, Dorothy Pérez, y el presidente de RIEA, José Antonio Gómez— busca establecer un marco general de trabajo conjunto que contribuya al desarrollo coordinado de acciones que promuevan la probidad, la transparencia, el control ciudadano, el gobierno abierto y la buena administración en el sector público.
Asimismo, establece que las tareas definidas serán ejecutadas de acuerdo con los principios y disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y con los objetivos de la Alianza Anticorrupción UNCAC, esta última coordinada por la CGR.
En esa línea, las acciones diseñadas por la Contraloría y RIEA pasarán a ser un valioso insumo para las líneas de trabajo de la Alianza Anticorrupción, relacionadas con áreas como la promoción de la integridad, la capacitación, la revisión de estándares y buenas prácticas, el fortalecimiento del marco institucional y normativo, y la comunicación y difusión.
Un componente importante para el logro de esta iniciativa es la labor formativa. Por ello, el Centro de Estudios de la Administración del Estado (CEA) de la Contraloría tendrá un rol destacado, apoyando la materialización de cada una de las actividades proyectadas, con foco en el refuerzo del conocimiento y la divulgación de estudios sobre la materia.
RIEA es una red ciudadana, técnica e independiente que genera evidencia, impulsa la acción y forma capacidades para proteger la democracia y el buen uso de los recursos públicos. Surge para abordar la falta de información clara y accesible sobre los casos de corrupción, sus procesos y resultados.
Con este convenio, las instituciones firmantes buscan consolidar una agenda de colaboración orientada a fortalecer la integridad y la prevención de la corrupción en el sector público, mediante acciones de formación, intercambio de buenas prácticas y promoción de estándares de transparencia y probidad.
