Tras conocerse el registro de una furgoneta que circulaba transportando sobre su parrilla un automóvil prácticamente completo, los parlamentarios solicitaron al Ministerio de Obras Públicas informar qué mecanismos de monitoreo mantienen las concesionarias y cuáles son sus protocolos frente a situaciones que puedan poner en riesgo a quienes transitan por las carreteras.
La Bancada de la Gente ofició al Ministerio de Obras Públicas (MOP) para solicitar antecedentes sobre las medidas de seguridad, vigilancia y monitoreo implementadas en las autopistas concesionadas del país, luego de conocerse un particular y riesgoso hecho registrado durante este martes en la Ruta 68.
De acuerdo con información publicada por BioBioChile, un vehículo menor fue visto circulando en dirección a Santiago mientras transportaba sobre su parrilla otro automóvil en desarme, pero prácticamente completo. El hecho fue registrado antes de la desviación Viña del Mar-Valparaíso y generó preocupación por el riesgo que una carga de esas características podría representar para la estabilidad del vehículo y para el resto de quienes circulaban por la carretera.
El diputado por el distrito 7, Juan Marcelo Valenzuela, advirtió que lo ocurrido pone en cuestión la capacidad de respuesta existente frente a situaciones de estas características. “Lo que vimos en la Ruta 68 es una situación que pudo haber terminado en una tragedia y que nos obliga a preguntarnos cómo están funcionando los sistemas de monitoreo de nuestras carreteras”, sostuvo el parlamentario.
A partir de estas interrogantes, la bancada busca establecer qué ocurrió desde el momento en que el vehículo ingresó a la ruta y si los mecanismos disponibles permitieron advertir oportunamente su circulación. “Por eso oficiamos al Ministerio de Obras Públicas, porque queremos saber si la concesionaria detectó este vehículo, qué protocolos activó y qué coordinación hubo con las autoridades. Quienes transitan por una ruta concesionada y pagan por utilizarla tienen derecho a contar con estándares de seguridad y una respuesta oportuna frente a este tipo de riesgos”, agregó Valenzuela.
Entre los antecedentes requeridos también se encuentran los tiempos de respuesta establecidos ante la detección de un riesgo y los procedimientos de coordinación que mantienen las concesionarias con Carabineros y otros organismos competentes para intervenir en estos casos.
En ese contexto, la diputada Lilian Betancurt planteó que la seguridad vial también exige responsabilidad por parte de quienes utilizan las carreteras. “Es imprescindible que las personas hagan un uso responsable de nuestras carreteras. Un vehículo que no está diseñado para funcionar como grúa o para transportar cargas de gran tamaño simplemente no puede comportarse como tal, porque pone en riesgo a su conductor y a todos quienes circulan por la vía”, afirmó.
Junto con ello, la parlamentaria apuntó a la necesidad de que las empresas responsables de las rutas cuenten con herramientas que permitan anticiparse a este tipo de peligros. “Por eso es fundamental que las concesionarias refuercen sus sistemas de seguridad, monitoreo y prevención. Los usuarios pagan una tarifa precisamente para contar con carreteras más seguras y con una respuesta oportuna frente a situaciones que puedan poner en riesgo la vida de las personas”, enfatizó Betancurt.
La fiscalización de las carreteras concesionadas ya venía siendo abordada por la Bancada de la Gente. Hace algunas semanas, los parlamentarios impulsaron la creación de una Comisión Especial Investigadora sobre concesiones e infraestructura vial, instancia que fue admitida por la Cámara de Diputadas y Diputados, posteriormente se constituyó y ya realizó su primera sesión.
La comisión tiene como objetivo recabar antecedentes sobre la actuación del Gobierno, particularmente del Ministerio de Obras Públicas, la Dirección General de Concesiones y la Dirección de Vialidad, respecto de la planificación, adjudicación, ejecución, fiscalización, renovación y operación de los contratos de concesión de infraestructura vial del país. La instancia también busca revisar materias relacionadas con los estándares de servicio, conservación, seguridad vial y cumplimiento de las obligaciones asociadas a estas concesiones.
Para la Bancada de la Gente, el episodio registrado en la Ruta 68 refuerza la necesidad de avanzar en esta fiscalización y determinar si los estándares actualmente exigidos permiten prevenir situaciones que pueden tener consecuencias graves para los usuarios.
En ese sentido, los parlamentarios solicitaron que se informe específicamente qué medidas adoptó la concesionaria de la Ruta 68 frente al vehículo registrado, si este fue detectado mediante sus sistemas de vigilancia y, en caso de haber sido identificado, qué acciones se realizaron y a qué organismos se dio aviso.
La bancada espera que los antecedentes permitan determinar si los actuales sistemas de vigilancia y respuesta son suficientes para enfrentar este tipo de situaciones y, de ser necesario, avanzar en mayores exigencias para las empresas concesionarias en materia de prevención y seguridad vial.
