Las parlamentarias Macarena Santelices y Catalina Del Real, del Partido Republicano, junto a Roberto Arroyo y Lilian Betancurt, del PDG, cuestionaron las fallas de control detectadas por Contraloría luego de que dos médicos becados trabajaran menos de seis meses durante los seis años en que debían retribuir su especialización al sistema público. Además, exigieron determinar responsabilidades y restituir los recursos fiscales comprometidos.
Los congresistas Macarena Santelices (PRep), Catalina Del Real (PRep), Roberto Arroyo (PDG) y Lilian Betancurt (PDG), integrantes de la Comisión de Salud, reaccionaron al informe de Contraloría sobre el Servicio de Salud Arauco, que estableció que dos médicos especialistas permanecieron con licencia médica durante más del 90% de su Período Asistencial Obligatorio, prestando servicios efectivos solo durante 108 y 133 días, respectivamente. La auditoría también detectó viajes al extranjero y actividades laborales durante períodos de reposo, además de más de $2.000 millones correspondientes a garantías, aranceles y estipendios cuya recuperación no fue acreditada.
Desde el Partido Republicano, Santelices puso el foco en el compromiso que adquieren los profesionales cuyas especialidades son financiadas por el Estado. “El Estado hace un esfuerzo gigante para financiar estas especialidades, bajo el compromiso estricto de que los profesionales retribuyan atendiendo en las zonas extremas o más rezagadas del país. Burlar el proceso de devolución de la beca es darle la espalda a la gente. Es necesario que se explique por qué fallaron los filtros de fiscalización y se exija el reintegro inmediato de cada peso o la devolución íntegra de las horas de servicio que le deben a la comunidad”.
Del Real, en tanto, apuntó al impacto fiscal del caso y sostuvo que “es inaceptable que en tiempos de profunda estrechez fiscal se dilapiden los recursos de la salud pública en la Provincia de Arauco y región del Bío Bío. Las becas médicas se financian con los impuestos de todos los chilenos para atender a las zonas que más lo necesitan, por lo que una fiscalización rigurosa debe ser prioridad absoluta. Acá se debe investigar a fondo y si hay profesionales que no han cumplido con su devolución legal, se les debe cobrar hasta el último peso”.
Por parte del PDG, Betancurt centró sus críticas en las consecuencias que este tipo de situaciones genera para las comunidades que dependen de la red pública en la Provincia de Arauco. “Es indignante el fraude descubierto en el Servicio de Salud Arauco. Médicos que debían atender a nuestra gente rural pasaron años cobrando del Estado sin trabajar. Valoramos la destitución, pero vamos a oficiar para exigir que se cumplan de inmediato todas las medidas dictadas por la Contraloría, que los responsables sean sancionados y devuelvan hasta el último peso. No vamos a tolerar que se sigan robando la salud pública”, afirmó.
Arroyo, por su parte, advirtió que el caso también obliga a revisar las responsabilidades de quienes debían fiscalizar el uso de estos recursos. “El descontrol financiero y la falta de rigor en el Servicio de Salud Arauco representan una burla para los pacientes más vulnerables de la Región del Biobío. No podemos normalizar que, mientras los hospitales públicos operan al límite por falta de presupuesto, los dineros de todos los chilenos terminen financiando a profesionales que no devuelven su especialidad a la comunidad. Exigimos auditorías implacables y persecución penal inmediata, la impunidad en estos casos destruye la fe pública. Quien se haya beneficiado con fondos estatales de manera irregular, debe enfrentar sanciones ejemplares y restituir el total del perjuicio fiscal causado”.
