La investigación que hoy lleva adelante la Fiscalía por eventuales irregularidades en procesos de licitación de Junaeb vuelve a poner bajo la lupa la forma en que se administran contratos vinculados a recursos públicos destinados a los estudiantes.
Para quienes hemos participado durante años en este mercado, no es la primera señal de alerta. Desde amiPASS hemos planteado anteriormente la necesidad de revisar con mayor profundidad las condiciones de competencia, transparencia y participación que han existido en procesos de contratación de Junaeb.
A ello se suma otro antecedente que, aunque corresponde a una investigación distinta, no puede ser ignorado. La Fiscalía Nacional Económica acusó a Pluxee y Edenred de una presunta colusión por haberse repartido clientes y acordado no competir entre sí. Se trata de una acusación que deberá ser resuelta por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pero que obliga a preguntarse si los mecanismos de control y las condiciones de competencia han sido suficientemente robustos.
Los hechos conocidos hoy no permiten anticipar responsabilidades. Sí justifican una revisión profunda de cómo se han desarrollado las licitaciones, qué controles han operado y si han existido condiciones que garanticen una competencia efectiva entre los distintos actores.
Esta discusión trasciende a amiPASS y a cualquier empresa en particular. Cuando hablamos de recursos públicos y de programas destinados a los estudiantes, garantizar procesos transparentes, competitivos y debidamente fiscalizados debe ser una exigencia básica.
Las investigaciones deberán determinar si existieron irregularidades y quiénes son responsables. Mientras tanto, Junaeb tiene una oportunidad para revisar sus procesos y despejar las dudas que nuevamente se han instalado sobre ellos.
