A las 20.50 horas del 1 de agosto un hombre de nacionalidad peruana fue subido a la fuerza a un vehículo en General Bustamante, en Providencia, y fue liberado al día siguiente luego de haber sido amenazado y maltratado.
Durante su cautiverio la víctima fue retenida en una vivienda en Recoleta, en tanto la Fiscalía ECOH de la Región Metropolitana le encargó la investigación a la BIPE de la PDI.
Gracias a grabaciones y cámaras de seguridad los investigadores pudieron dar con el vehículo utilizado. Con esa información y el testimonio del afectado la policía logró detener a un venezolano y a un colombiano que participaron directamente en el secuestro y del robo que afectó a la vivienda de la víctima, ya que los delincuentes usaron sus llaves para entrar y sustraer especies.
En el operativo también fueron detenidos tres venezolanos vinculados a los secuestradores. En su poder se encontraron dos armas, un cargador extendido, municiones, dispositivos destinados a la falsificación de cédulas de identidad, y 932 gramos de pasta base de cocaína.
El Fiscal Coordinado de ECOH de la Región Metropolitana, Marcelo Vargas, declaró sobre el procedimiento que “estamos dando cuenta de una diligencia muy exitosa gracias al trabajo en conjunto con la PDI respecto a un secuestro extorsivo. En un tiempo muy rápido de investigación de gran calidad se ha logrado en un par de semanas la detención de los autores de este delito”.
“Un sello que queremos darle a ECOH RM con su vinculación con la Fiscalía Supraterritorial, tiene relación en este caso con las otras personas que prestaron la logística. Hubo incautaciones que van más allá del delito de secuestro que fue investigado por la BIPE. Eso nos demuestra que con un trabajo integrado de elementos de investigación y análisis criminal hemos podido establecer otros elementos como la utilización de armas de fuego y maquinaria para falsificar cedulas de identidad para eludir fiscalizaciones policiales”, agregó el fiscal Vargas.
Dos sujetos fueron formalizados por secuestro extorsivo y robo con violencia e intimidación, en tanto los otros tres lo fueron por tráfico ilícito de estupefacientes, y porte ilegal de arma de fuego. El 8° Juzgado de Garantía de Santiago determinó la prisión preventiva de los cinco extranjeros (con ingreso irregular al país), y fijó un plazo de investigación de 180 días.
