La política nacional de seguridad heredada del gobierno de Gabriel Boric —con la Ley de Inteligencia, la Ley de Seguridad Municipal y la Ley de Seguridad Privada, entre otras— constituye una base legal robusta y transversal sobre la cual seguir avanzando. El desafío del país, y en particular de nuestra región, ya no es principalmente legislativo, sino de implementación y de gestión efectiva.
Esa debería ser la urgencia del gobierno del presidente Kast: poner en marcha el sistema de inteligencia del Estado, aterrizar la seguridad municipal en cada comuna con financiamiento real, y ordenar la seguridad privada como actor coadyuvante. Son tareas que permitirían que el arsenal legal ya aprobado se traduzca en resultados verificables.
Sin embargo, preocupa que el énfasis del nuevo gobierno se esté desviando hacia la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), un paquete de más de 30 proyectos que incluye una reforma constitucional con ocho modificaciones a la Carta Fundamental. El proyecto, ingresado al Senado con suma urgencia, propone un nuevo estado de excepción de seguridad pública de hasta 240 días, con facultades para suspender derechos como la libertad personal y de locomoción, la reunión y la asociación, además de interceptar comunicaciones y requisar bienes. Medida que, según múltiples actores, no garantiza efectividad contra el crimen organizado.
No se cuestiona la necesidad de enfrentar al crimen organizado, que es real. Pero este enfoque plantea al menos tres problemas que la región no puede pasar por alto.
El primero es que la reforma se construye casi enteramente sobre el castigo y la restricción de derechos, descuidando la relevancia estratégica de la prevención. Contempla inhabilidades perpetuas para cargos públicos, vetos a beneficios penitenciarios por 15 años y limitaciones a prestaciones de salud para condenados por crimen organizado o terrorismo —medidas que incluso generaron roces entre los ministros de Salud y Seguridad—, todas orientadas a endurecer penas y no a prevenir la captación de jóvenes por las bandas. La evidencia comparada indica que, sin prevención social y situacional ni programas serios de reinserción, el control policial y judicial se vuelve una carrera sin final. Hoy no hay en la agenda metas de prevención ni de reinserción con plazos y responsables: se habla de dotación policial y persecución penal, mientras la prevención sigue siendo un capítulo secundario.
El segundo problema es la deriva autoritaria y la excesiva concentración de poderes en el ejecutivo, con débiles contrapesos institucionales. El nuevo estado de excepción —que el ex presidente Boric calificó como una limitación de libertades inédita en la democracia chilena— concentra en el Presidente la atribución de declarar qué agrupaciones son terroristas o de crimen organizado, y permite extender el estado de excepción por 240 días sin control del Congreso. Incluso parlamentarios de Renovación Nacional y Evópoli, y senadores oficialistas, han manifestado reparos sobre el rol de las Fuerzas Armadas y la amplitud de las facultades.
El tercer problema, quizás el más relevante para la región, es que este tipo de reformas terminan desplazando un eje fundamental: la participación de la comunidad en la gestión de la seguridad. En distintas poblaciones de Viña del Mar y otras ciudades existen ejemplos valiosos de prevención comunitaria con resultados tangibles: comités vecinales que trabajan con Carabineros, alarmas comunitarias, patrullajes preventivos y un plan comunal que ha logrado contener el alza de los delitos. Ese modelo, que articula municipio, policías, fiscalía y vecinos organizados, es el tipo de gestión territorial que la región necesita replicar. Cuando los vecinos participan en el diagnóstico y el seguimiento, la sensación de seguridad mejora incluso antes de que bajen las cifras delictuales, y esa confianza es un activo clave para sostener cualquier estrategia de largo plazo.
La urgencia de acelerar la implementación se hace evidente en las cifras: tras años de baja sistemática, el primer semestre de 2026 dejó estancados en torno a los 50 los homicidios y femicidios en la región de Valparaíso, con alzas de dos dígitos según distintas mediciones. Las propias autoridades han reconocido que el Estado se está quedando atrás en zonas vulnerables de Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio.
Nuestra región tiene hoy la oportunidad de convertirse en un caso de estudio nacional: tomar el marco legal heredado, implementarlo con decisión, complementarlo con una política de prevención y reinserción con metas claras, y anclarlo en la participación real de las comunidades. El estancamiento de los homicidios no debe leerse como fatalidad, sino como una señal de alerta que aún podemos revertir. Para eso necesitamos una estrategia equilibrada que integre control, prevención y comunidad, no una que los reemplace por estados de excepción y restricciones de derechos que, por duras que parezcan, no sustituyen el trabajo de largo aliento que exige la seguridad ciudadana.
