La diputada por el Biobío apuntó a los problemas de conectividad que afectan a sectores rurales y apartados, especialmente de la Provincia de Arauco, provincia del Biobío y anunció una Comisión Investigadora para revisar el cumplimiento de las empresas de telecomunicaciones y la fiscalización del Estado tras licitación 5G.
La profunda desigualdad en el acceso a telecomunicaciones entre las grandes ciudades y las zonas rurales es uno de los principales argumentos planteados por la diputada Joanna Pérez para impulsar una Comisión Especial Investigadora (CEI) que revise el proceso de licitación del espectro radioeléctrico para redes 5G, el cumplimiento de las obligaciones de cobertura de las empresas concesionarias y las acciones de fiscalización desarrolladas por las autoridades.
La parlamentaria puso especial énfasis en la realidad que enfrentan numerosas comunidades rurales de la Región del Biobío y la Provincia de Arauco, donde vecinos continúan denunciando dificultades para acceder a una conexión estable y de calidad, una situación que profundiza las diferencias territoriales respecto de quienes viven en las principales ciudades.
“No puede ser que en pleno 2026 tengamos un Chile que avanza en 5G y, al mismo tiempo, familias de nuestras zonas rurales deben buscar dónde conseguir señal para poder comunicarse. En Arauco y en distintos sectores del Biobío conocemos esta realidad, por diferentes problemas de cobertura, dificultades con las antenas y servicios que no responden a las necesidades de las comunidades”.
La solicitud de la CEI busca investigar los actos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la Subsecretaría de telecomunicaciones (Subtel) y otros organismos competentes respecto de una licitación desarrollada entre 2020 y 2021, poniendo especial atención en las 366 localidades rurales y aisladas incorporadas como contraprestación obligatoria y si finalmente sus habitantes reciben el servicio.
“Aquí existen normas, concesiones y obligaciones que las empresas deben cumplir. No basta con instalar infraestructura o decir que una localidad tiene cobertura en el papel, porque lo importante es saber si las familias tienen señal, si pueden conectarse y si el servicio que reciben tiene la calidad comprometida y cuando eso no ocurre, necesitamos una Subsecretaría de telecomunicaciones con capacidad de fiscalización”, dijo Pérez.
Asimismo añadió “cuando hablamos de mala conectividad rural hablamos de un estudiante que tiene dificultades para estudiar, de una familia que no puede acceder adecuadamente a telemedicina, de un emprendedor que no puede vender o hacer un trámite y de comunidades que incluso enfrentan dificultades para comunicarse ante una emergencia. No podemos seguir normalizando que vivir lejos de una ciudad signifique tener menos oportunidades”.
“Queremos una fiscalización mucho más efectiva. Si una empresa recibe una concesión del Estado y asume compromisos de cobertura, estos compromisos deben cumplirse y si no se cumplen, tienen que operar las sanciones que establece nuestra legislación. Las comunidades rurales no pueden seguir siendo las últimas de la fila mientras las empresas mantienen concesiones y el Estado llega tarde a fiscalizar”.
