Tras haber sido declarados culpables en Junio pasado con más de tres años de investigación y casi un año de juicio oral, la justicia condenó a los integrantes de la organización acusada de emitir 71 mil licencias médicas falsas , cuyo perjuicio supera los $50 mil millones de pesos. El tribunal dictó penas que van desde los cuatro hasta los 21 años de cárcel para los casos más graves tal como lo pedía el Ministerio Público y los querellantes.
El Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dió a conocer hoy, (31 de agosto), las penas en contra de los integrantes de una de las redes criminales más complejas detectadas en el ámbito de la salud chilena, quienes fueron declarados culpables el pasado 23 de junio. El caso, considerado el mayor fraude económico en la historia del país, culminó con penas que van desde los cuatro hasta los 21 años de cárcel.
Precisamente para Samir Rivaldo, considerado el líder de esta organización se impuso una pena de 21 años y un día de cárcel efectiva y una multa de más de $2.560 millones. Eso se suma a la prohibición perpetua de ejercer cargos públicos y la pérdida de los derechos políticos.
En tanto, para Jessica Donado, la segunda a cargo de esta asociación le corresponderá una pena de 10 años de cárcel efectiva y más de $1.500 millones por concepto de multas.
Esto tras más de tres años de una exhaustiva investigación penal y cerca de un año de intensas audiencias en el juicio oral. La organización, compuesta por 17 imputados entre los que figuran nueve médicos – en su mayoría de nacionalidad colombiana – y 8 captadores chilenos , fue condenada por haber montado un verdadero «negocio criminal» dedicado a la emisión masiva de licencias médicas ideológicamente falsas. Las penas dictadas, van en línea con lo solicitado por la Fiscalía y los querellantes habían solicitado para los condenados.
ALTO Inmune, empresa experta en gestión integral del ausentismo laboral y que actuó como parte querellante en representación del sistema privado, jugó un rol fundamental en el seguimiento y desarticulación de esta sofisticada red.
Un daño multimillonario a la salud del país
Las cifras que sustentaron esta causa penal son sin precedentes para el sistema sanitario chileno:
Los 17 acusados emitieron de manera fraudulenta un total de 71.653 licencias médicas.
Esta acción generó un perjuicio económico directo al sistema público de salud (Fonasa) por un monto de $26.606.306.606 de pesos.
Paralelamente, provocaron un daño económico al sistema privado (Isapres) que asciende a $1.620.285.157 de pesos.
Rodrigo Varela, Gerente Legal de ALTO Inmune, se refirió a la relevancia de las condenas dictadas. ”Como ALTO Inmune estamos muy satisfechos con las condenas que se han dictado en el día de hoy. Es una pena ejemplificadora dado que acá se cometieron delitos de la máxima gravedad como son lavado de activos, organización ilícita y fraude con licencias médicas respecto de la mayoría de los que serán hoy condenados, y por lo tanto esperamos que esas condenas sean ejemplificadoras y ayuden a erradicar estos delitos que tanto perjuicio han causado al sistema”.
Agregó que “esto no termina acá, como ALTO Inmune seguimos avanzando en erradicar el mal uso de licencias. Esto marca un precedente muy importante en términos de fraudes al sistema de salud, y hoy estamos a la espera de sanciones ejemplificadoras, para los casos dados a conocer por la Contraloría el año pasado de empleados públicos que incluso salieron de Chile a vacacionar, teniendo licencia médica o médicos que teniendo un deber con el sistema de salud público ejercían labores médicas en el sistema privado. Esta sentencia demuestra que estos delitos sí son sancionables. Esto tiene consecuencias reales, lo que no hemos visto en las denuncias realizadas por la Contraloría”.
Anatomía del fraude: Un negocio con «lista de precios»
La investigación liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad destapó un sofisticado modus operandi en el cual los líderes de la banda constituyeron más de 50 sociedades ficticias. Estas firmas utilizaban consultas médicas falsas o domicilios particulares para contratar a profesionales extranjeros, quienes emitían los documentos de forma masiva.
La red contaba con una estructura de captadores que contactaba a los «clientes» a través de redes sociales , operando bajo un esquema de precios fijos completamente al margen del control tributario:
Licencia de 11 días: Tenía un valor de $33.000 si era presencial y $25.000 mediante telemedicina.
Licencia de 15 días: Se comercializaba a un valor de $49.000.
Licencia de 21 días: Tenía un costo establecido de $58.000.
Licencia de 30 días: Se vendía por un monto de $70.000.
Dentro de este engranaje, los captadores ilegales obtenían una comisión de entre $11.000 y $16.000 por cada documento tramitado , mientras que a los médicos emisores se les pagaba una tarifa fija de $10.000 por licencia, sin importar la extensión de los días de reposo otorgados. El saldo restante era percibido directamente por los líderes de la organización criminal.
Uno de los ejemplos más insólitos de este fraude fue el del médico colombiano Jeffry Yessid Donado Alvis, quien, a pesar de haber permanecido físicamente en Chile solo cinco días en abril de 2022, logró emitir desde el extranjero 4.091 licencias en un periodo de seis meses a través del centro médico Provimedc SPA. En total, firmó 7.287 licencias para Fonasa, provocando un desfalco fiscal superior a los $2.557 millones de pesos.
La urgencia de sanciones transversales
Frente al cierre de este proceso judicial, desde ALTO Inmune insisten en que el combate al ausentismo laboral fraudulento requiere perseguir todas las responsabilidades del sistema.
“El Estado debe avanzar firmemente en sancionar a toda la cadena de este delito: tanto al facultativo médico que vende la licencia como al usuario que la compra y usufructúa de un beneficio que no necesita. La ley no hace distinciones entre comprador y vendedor. Para erradicar estas mafias que desvían recursos críticos de la salud de todos los chilenos, necesitamos que la respuesta judicial sea implacable en todos los niveles”, concluyó Rodrigo Varela.
Melissa Hohmann, presidenta Asociación de Isapres: “Las licencias médicas son un derecho de los trabajadores y cumplen el rol fundamental de protegernos cuando una enfermedad nos impide desarrollar nuestra labor. Por eso tenemos que ser muy firmes frente al fraude y las conductas abusivas. Quienes defraudan al sistema no solo comenten un delito, también ponen en riesgo recursos que están destinados a quienes requieren verdadera protección de salud. Erradicar el fraude en licencias médicas sigue siendo una tarea pendiente. Necesitamos cambios legales, regulatorios y que se siga perseverando en la fiscalización estricta para proteger la sostenibilidad del sistema y asegurar que los recursos cumplan su verdadero propósito de financiamiento de la salud y entregar protección cuando las personas realmente lo necesitan”.
