Los parlamentarios de la Comisión de Salud solicitarán a la Cámara de Diputados crear una comisión investigadora para esclarecer la pérdida de más de $3.640 millones en vacunas contra la influenza, las deficiencias en su trazabilidad y los registros de inoculaciones asociados a personas fallecidas.
Los diputados UDI e integrantes de la Comisión de Salud, Daniel Lilayu y Alejandra Valdebenito, anunciaron que presentarán ante la Cámara de Diputados la creación de una comisión investigadora destinada a esclarecer las graves irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en la gestión de las vacunas contra la influenza adquiridas durante 2024.
De acuerdo con los antecedentes conocidos a partir de la investigación especial del organismo contralor, 762.326 dosis de vacunas contra la influenza, adquiridas a Sinovac Biotech y Sanofi Pasteur, tuvieron un costo total de $3.640.544.800 y habrían vencido sin ser utilizadas, mientras que más de 760 mil dosis permanecieron almacenadas en dependencias del operador logístico del Ministerio de Salud.
A ello se suma que la fiscalización detectó 2.906.653 vacunas cuyo destino no pudo ser determinado, además de problemas de trazabilidad y registros de inoculaciones posteriores a la fecha de fallecimiento de personas asociadas a esos registros. La propia Contraloría informó que estas materias serían objeto de una investigación especial.
El diputado Daniel Lilayu, quien en mayo de 2025 había solicitado a la Contraloría investigar la gestión de compra de vacunas del Ministerio de Salud durante 2024, señaló que estos antecedentes demuestran la necesidad de determinar responsabilidades y establecer cómo se administraron los recursos públicos destinados a la protección de la población.
“Estamos hablando de miles de millones de pesos de recursos públicos y de vacunas que debían llegar a los chilenos y que terminaron venciendo sin ser utilizadas. Esto no puede quedar simplemente como una cifra en un informe: necesitamos saber qué ocurrió, quién tomó las decisiones y si existieron responsabilidades administrativas”, afirmó Lilayu.
El parlamentario recordó que su solicitud a Contraloría buscaba precisamente determinar si existió un gasto innecesario o injustificado de recursos públicos y si era posible atribuir responsabilidades administrativas por las deficiencias detectadas en la administración de las vacunas.
Por su parte, la diputada Alejandra Valdebenito sostuvo que las irregularidades conocidas son especialmente graves porque se relacionan directamente con una política sanitaria destinada a prevenir enfermedades y proteger a los grupos de mayor riesgo.
“Aquí no solamente estamos hablando de dinero. Estamos hablando de vacunas que tenían un propósito sanitario y que no fueron utilizadas oportunamente. También existen graves dudas sobre la trazabilidad de millones de dosis y registros que deben ser aclarados. Por eso creemos indispensable que la Cámara investigue y que se determinen todas las responsabilidades que correspondan”, afirmó.
Los diputados plantearon que la comisión investigadora deberá revisar los procesos de adquisición, almacenamiento, distribución, trazabilidad y administración de las vacunas, además de las decisiones adoptadas por las autoridades responsables durante 2024.
“Los recursos públicos deben administrarse con eficiencia y responsabilidad. Si la Contraloría detecta pérdidas millonarias, vacunas sin destino determinado y registros que requieren explicación, el Congreso tiene el deber de fiscalizar y llegar hasta las últimas consecuencias”, concluyeron los parlamentarios UDI, Daniel Lilayu y Alejandra Valdebenito.
