La Fiscalía SAC formalizó a un abogado de 46 años por los delitos de fraude al Fisco, estafa procesal, prevaricación, falsificación de instrumento público y usurpación de nombre, por hechos registrados los años 2023 y 2024, cuando se desempeñaba como abogado del Servicio de Salud de Antofagasta (SSA).
El profesional fue detenido ayer por funcionarios de la Bridec de la PDI, en cumplimiento de una orden tramitada por el Ministerio Público, la cual también consideraba autorización judicial para la entrada, registro e incautación de especies.
Según se expuso en audiencia realizada hoy, entre los meses de junio y diciembre de 2023, el abogado habría accedido a información privilegiada que indicaba que en la cuenta corriente del Juzgado de Letras de Calama existían cinco depósitos del SSA, por una suma total de $13 millones, los cuales no tenían indicación de causa o motivo por el cual se habían efectuado.
Con este antecedente, el imputado habría urdido un complejo plan, que en líneas gruesas consistió en propiciar una demanda de tutela de garantías contra el SSA, con el fin de, más adelante, lograr un avenimiento mediante el cual el servicio, que para estos efectos era representado por el mismo imputado, se comprometía a pagar aquella suma de dinero para poner fin a dicho litigio.
Para concretar el plan, el imputado habría involucrado en la trama a un tercero gestionando que éste tuviera la calidad de demandante y posteriormente recibiera en su cuenta corriente el depósito y se lo transfiriera a su cuenta personal, lo que efectivamente habría ocurrido entre enero y febrero de 2024.
El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público por el Departamento Jurídico del SSA en octubre de 2024, tras una denuncia realizada por la persona que recibió las transferencias, quien figura con calidad de víctima en la investigación.
Durante la audiencia, el fiscal Cristian Aguilar Aranela solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado, argumentando la diversidad de delitos y la gravedad de la pena asignada a los mismos, como también la forma de comisión y los bienes jurídicos vulnerados, no obstante, dicha petición fue desestimada por el tribunal, que en su lugar dispuso arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, firma mensual y la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó el plazo de investigación en 120 días, periodo durante el cual deberán completarse las diligencias tendientes a establecer la presunta participación del imputado en los hechos denunciados, los que, de ser efectivos, comprometen seriamente la probidad pública.
