Hace algunas semanas, dos episodios protagonizados por influencers chilenos encendieron las redes sociales. Una fue criticada por dar wasabi a su perro; otro por bromear sobre la pedofilia y los niños TEA. Las reacciones fueron inmediatas: indignación, rechazo, denuncias e incluso exigencia de sanciones penales.
Estos casos reflejan fenómenos preocupantes que parecen propios de una época marcada por la realidad digital: por una parte, la compulsión por convertir cualquier experiencia en contenido y, por otra, la creciente disposición social a transformar cada error en un espectáculo de condena pública.
El problema radica en que la dinámica de las redes sociales se ha construido sobre la base de los “likes”, lógica que premia la atención sobre la reflexión. Lo importante en esta dimensión es sorprender, impactar, viralizar, sin importar los medios utilizados. Desde esa perspectiva, muchos influencers han desplazado una pregunta básica que todos deberíamos hacer antes de actuar: ¿esto está bien? Y si es así, ¿por qué debo mostrarlo? El criterio moral ha sido reemplazado por un simple cálculo del alcance.
Lo más inquietante es que, cuando sobreviene la funa, las disculpas suelen dirigirse más al hecho de haber publicado el contenido que al acto mismo, como si el problema fuera perder seguidores o contratos, más que el daño provocado. No hay espacio para la reflexión ética ni el aprendizaje.
Y el problema no termina ahí. Las redes sociales han reactivado una antigua fascinación por el castigo público. Los comentarios incluyen exigencias de expulsión, ruina profesional, cárcel o exilio del espacio público, sin contar las amenazas de agresión e incluso muerte. La crítica se convierte, con igual velocidad, en una competencia por mostrar quién condena con mayor rigor.
Parece que estuviéramos volviendo a esos siglos cuando el castigo no solo buscaba sancionar, sino ofrecer un espectáculo ejemplificador. El “circo romano”, la picota o el cepo reunían a multitudes que asistían, movidas por el morbo, a contemplar la humillación del infractor. El escarmiento era parte del orden social, como esos antiguos castigos escolares, que ponían un “gorro de burro” o instalaban en el rincón, contra la pared, al alumno que se portaba mal o no aprendía una lección. Hoy la multitud ya no se congrega en la plaza ni se sienta en el anfiteatro, pero se instala frente a su pantalla con una intención similar.
Esto no supone relativizar conductas reprochables; al contrario, quienes las cometen, y además las ostentan, deben asumir responsabilidades y aprender de ellas. Pero también debemos aprender todos como sociedad. Buscar aprobación mediante contenido irresponsable es tan tóxico como desearle lo peor a quien lo produjo.
¿Qué hacemos ante este fenómeno? No basta con demonizar las redes sociales, porque seguirán existiendo. El desafío está en la educación. Necesitamos formar ciudadanos capaces de preguntarse por las consecuencias de lo que publican antes de buscar aprobación inmediata. Es importante enseñar que el valor de una persona no descansa en la cantidad de likes, sino en el reconocimiento de su integridad ética. Y, al mismo tiempo, debemos formar sujetos capaces de criticar con firmeza, sin renunciar a la humanidad del otro. Exigir responsabilidad no equivale a celebrar la destrucción.
Cuando se habla de educar en habilidades digitales en la escuela, no se trata sólo de su uso técnico, sino de su manejo ético. Durante décadas enseñamos a leer y escribir para participar de la vida pública. Hoy debemos enseñar a convivir en el espacio digital con criterio, empatía y sentido humano. A fin de cuentas, el problema no son las redes, sino la ausencia de humanidad que se genera cuando el algoritmo reemplaza al juicio y la multitud olvida que, detrás de cada pantalla, sigue habiendo personas.
