Las diputadas y diputados presentarán oficios de fiscalización a Codelco, al SII, al Servel, a la UAF, a la Superintendencia de Pensiones y a la CMF a partir de los antecedentes revelados por el medio de comunicación Reportea sobre la Fundación Ciudadanos en Acción, creada y liderada por Bernardo Fontaine, quien hoy es presidente del directorio de Codelco luego de ser nombrado por el Presidente José Antonio Kast.
La bancada de diputadas y diputados del Frente Amplio anunció la presentación de diversos de oficios de fiscalización dirigidos a seis organismos públicos, luego de que una investigación periodística del medio de comunicación Reportea revelara que la Fundación Ciudadanos en Acción (FCEA), creada y liderada por Bernardo Fontaine, y que habría recibido $1.906 millones en donaciones entre 2015 y 2024, incluidos $209 millones provenientes del extranjero durante ese último año, sin que sus memorias identifiquen a sus donantes.
El mismo reportaje indica que los mayores aportes coinciden con los períodos en que la fundación desplegó campañas en redes sociales por la opción Rechazo en el plebiscito de salida y contra la reforma previsional del gobierno del Presidente Gabriel Boric. Asimismo, en 2024 la Fundación realizó una campaña contra la Estrategia Nacional del Litio, cuestionando el rol que se le asignaba a Codelco y promoviendo que el negocio quedara exclusivamente en manos privadas, lo que resulta especialmente preocupante al ser una política pública que incumbe directamente al cargo que hoy desempeña Fontaine en Codelco.
La diputada Constanza Schonhaut relevó la importancia de conocer la información solicitada porque “ni Cerimedo ni Fontaine pueden valer más que la opinión de todos los chilenos y chilenas. Recibir financiamiento desde el extranjero sin trazabilidad y sin claridad de en qué se gastó esa plata es grave, y es especialmente grave cuando quien dirigió esa fundación hoy día dirige una de las empresas más importantes para Chile, como es Codelco. No podemos permitir que las granjas de bots sigan destruyendo la discusión pública, y tampoco podemos permitir que hayan autoridades políticas que validen o maticen esta forma de acción política que termina vulnerando nuestra democracia. Es por ello que además presentamos un proyecto de ley para prohibir el uso de cuentas automatizadas como bots, para regular la inteligencia artificial y también para obligar a rendir el gasto en empresas de posicionamiento digital antes y durante las campañas políticas».
El diputado Gonzalo Winter señaló que “como hemos denunciado durante años, gran parte del financiamiento de la política no está en los canales institucionales ilegales establecidos para aquello. Muchas veces, grandes financistas le pagan a fundaciones para que hagan publicidad de sus ideas políticas por fuera de los canales políticos. Un ejemplo es Bernardo Fontaine, cuya fundación recibió plata inclusive de la Asociación de AFP, que son siete multinacionales de Estados Unidos que se dedican a hacer política en Chile para que la legalidad chilena les entregue más plata de la que hoy día reciben de los chilenos. Bernardo Fontaine también estuvo allí. Y esa misma fundación de Fontaine le pagaba a influencers que se presentaban frente a la sociedad chilena como pobres ciudadanos independientes que decían ‘con mi plata no’ de manera espontánea (…) ahora sabemos que la fundación esta sigue promocionando iniciativas del gobierno. ¿Qué no es financiamiento de la política? ¿Promocionar de manera independiente, pagando la promoción, iniciativas del gobierno? Por supuesto que es política. ¿Y eso dónde está boleteado? ¿Dónde está rendido? Nadie lo sabe”.
De la misma manera, el diputado Jaime Bassa planteó que se van “a llevar adelante todas las facultades de investigación que tenemos para detener la estrategia que está desplegando la extrema derecha de contaminar los procesos electorales y de alterar la expresión de la voluntad soberana a partir de granjas de bots y de financiamiento ilegal. Hemos sabido que el actual presidente de Codelco recibió más de 1.900 millones de pesos. No poco de ese presupuesto viene del extranjero para financiar actividad política, lo que es contrario al ordenamiento jurídico. Tienen que asumir las responsabilidades. Hemos presentado varios proyectos de ley y varios también oficios de fiscalización para evitar que estas granjas de bots y dineros corruptos alteren la expresión de la voluntad popular”.
En los oficios, se solicita a Codelco la declaración de intereses y patrimonio de Bernardo Fontaine; las actividades y vinculaciones que mantiene con la FCEA desde que asumió; los protocolos internos de conflicto de interés aplicados al caso; y si el directorio ha tomado conocimiento formal de estos antecedentes. Al Servicio de Impuestos Internos el número total de contribuyentes que utilizaron el beneficio tributario por donaciones a la FCEA, desagregado por año; el monto agregado acogido a franquicia; y la existencia de fiscalizaciones abiertas o cerradas respecto de la fundación; al Servel: si la FCEA se encuentra registrada, o debiera estarlo, bajo alguna de las categorías de la Ley N° 19.884 sobre financiamiento electoral; si los anuncios pagados durante períodos electorales debieron declararse como gasto electoral; y qué sanciones administrativas resultan aplicables.
Por otro lado, se solicitó a la Unidad de Análisis Financiero información sobre reportes de operaciones sospechosas asociados a la FCEA, a propósito del origen extranjero de los $209 millones ingresados en 2024; a la Superintendencia de Pensiones el estado y los resultados de la fiscalización que se intentó realizar a la Asociación de AFP respecto del financiamiento a la fundación; la fundamentación jurídica con que se acogió la respuesta de las administradoras basada en la libertad de expresión; y las medidas administrativas o normativas que la Superintendencia esté evaluando; y a la Comisión para el Mercado Financiero sobre si existe obligación de reporte por parte de las AFP o de entidades controladas asociadas respecto de estos aportes.
