Castillo, Tamaya y Montenegro son acusados de obstrucción a la investigación por la presunta entrega de antecedentes falsos al Ministerio Público.
Tres exconcejales de Rinconada deberán enfrentar una investigación penal luego que el Juzgado de Garantía de Los Andes declarara admisible la querella presentada en su contra por el delito de obstrucción a la investigación.
Se trata de Juan Antonio Castillo Valle, Miguel Ángel Tamaya Arenas y Carlos Javier Montenegro Urbina, quienes, según sostiene la querella, habrían actuado concertadamente para entregar al Ministerio Público declaraciones con antecedentes falsos, presentándolas como testimonios individuales e independientes.
La acción judicial fue interpuesta por el abogado José Villagrán Reyes, en representación del alcalde de Rinconada, Juan Galdames Carmona, en el marco de la investigación penal seguida contra este último por diversos delitos funcionarios.
La resolución, dictada el 3 de septiembre por el juez titular Daniel Alfredo Chaucón Ojeda, establece que la querella reúne los requisitos contemplados en el artículo 113 del Código Procesal Penal y ordena remitirla al Ministerio Público para su tramitación.
De acuerdo con lo expuesto en la acción judicial, existiría un alto grado de coincidencia entre las declaraciones entregadas por los tres exediles durante 2023 en dos series documentales vinculadas a investigaciones que posteriormente fueron agrupadas. A partir de estos antecedentes, la parte querellante plantea como hipótesis la existencia de una preparación conjunta mediante una “minuta, matriz o guion común”, cuyo contenido habría sido presentado posteriormente como declaraciones individuales.
El escrito sostiene que esta eventual concertación habría tenido por objeto incorporar antecedentes que la parte querellante califica como falsos y presentarlos como provenientes de fuentes independientes, generando de esta manera una aparente corroboración de los hechos investigados.
Entre las materias cuestionadas figuran afirmaciones relacionadas con la adquisición de terrenos para el Parque Comunal, particularmente el predio Las Bandurrias; antecedentes sobre el Callejón Las Moras; montos asociados a obras ejecutadas en ese sector; y el supuesto uso de maquinaria municipal.
La querella sostiene además que parte de estos antecedentes fueron utilizados por el Ministerio Público durante la formalización de Galdames y al solicitar su prisión preventiva en mayo pasado. Esta última medida cautelar fue rechazada por el tribunal, que decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
Entre las diligencias solicitadas se encuentra obtener las declaraciones originales y sus eventuales borradores, respaldos digitales y metadatos; determinar quiénes participaron en su recepción y elaboración; establecer la posible existencia de minutas o archivos compartidos; y esclarecer el origen y eventual distribución de dichos textos.
Asimismo, se solicita recabar los registros íntegros de las audiencias de formalización y discusión de medidas cautelares realizadas en mayo, junto con los antecedentes utilizados por el Ministerio Público para sustentar la formalización y la solicitud de prisión preventiva.
Tras ser declarada admisible, la querella deberá ser remitida al Ministerio Público para su tramitación y la investigación de los hechos denunciados.
