El senador por La Araucanía anunció una iniciativa junto a los senadores Vial, Sanhueza, Astudillo y Edwards, que busca endurecer las sanciones frente a hechos de violencia asociados a conflictos viales y situaciones ocurridas en la locomoción colectiva.
La brutal agresión sufrida por un conductor de la locomoción colectiva de 73 años en Temuco, luego de una discusión relacionada con el pago del pasaje, volvió a poner en el debate la necesidad de establecer mayores sanciones frente a hechos de violencia vinculados al tránsito y al transporte público.A raíz de este caso, hace más necesario el proyecto de ley propuesto por el senador Miguel Becker que anunció para abordar la denominada “violencia vial”.
El parlamentario explicó que la iniciativa, que impulsa junto a los senadores Vial, Sanhueza, Astudillo y Edwards, busca establecer una sanción directamente relacionada con la licencia de conducir para quienes incurran en actos de violencia física en el contexto de conflictos derivados de la circulación vehicular.
“En el día de hoy hemos tomado conocimiento de que un delincuente atacó a un conductor de la locomoción colectiva en Temuco. A una persona mayor de más de 71 años, en qué lo agredió a propósito de no haber querido pagar la cuenta de la micro. Esto, lo hemos adelantado junto al senador Vial, Sanhueza, Astudillo y Edwards. Estamos presentando un proyecto que aumente las penas para todos lo que se refiera a violencia vial. Violencia vial que se produce en nuestro país y también, lo que ocurre en la locomoción colectiva cuando hay acciones de este tipo en contra de los conductores.”
El proyecto incorpora a la Ley de Tránsito la figura de “violencia vial”, contemplando que el conductor que agreda físicamente a otra persona a raíz de un accidente, colisión, maniobra, disputa por el uso de la vía u otra controversia relacionada con la circulación pueda ser sancionado con la suspensión de su licencia de conducir entre 90 y 180 días.
La iniciativa establece además un sistema de sanciones progresivas para quienes reincidan. Una segunda infracción dentro de cinco años podría significar entre seis meses y dos años de suspensión, mientras que una tercera infracción durante el mismo período podría terminar con la cancelación de la licencia.
La propuesta entrega estas materias a los Juzgados de Policía Local, que podrán considerar como medios de prueba testimonios, fotografías, registros audiovisuales y grabaciones de cámaras de seguridad públicas, privadas o instaladas en vehículos.
El objetivo del proyecto es prevenir que las discusiones y conflictos que ocurren en las calles terminen transformándose en agresiones físicas, estableciendo consecuencias concretas para quienes utilicen la violencia en el contexto vial. La iniciativa contempla además que estas sanciones sean independientes de las eventuales responsabilidades civiles o penales que puedan derivarse de los mismos hechos.
