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Diputado Fabián Ossandón exige resultados concretos en comisión investigadora de Junaeb y condena mal uso de recursos para alimentación escolar

Los equipos intervinieron el sector adyacente a la planta y al emisario, sumándose a una jornada territorial que permitió retirar más de una tonelada de residuos en la bahía de Quintero y Puchuncaví.

El parlamentario del PDG pidió extender la revisión a todas las regiones y examinar los contratos del Programa de Alimentación Escolar entre 2019 y 2024. Además, llamó a determinar si existieron sobreprecios, pagos por raciones no entregadas o servicios sin acreditación efectiva, y a remitir los antecedentes a los organismos competentes si se detectan nuevas irregularidades.

El diputado Fabián Ossandón (PDG) llamó a que la comisión investigadora del Programa de Alimentación Escolar de Junaeb entregue resultados concretos y no se limite a constatar las irregularidades que motivaron su creación. Durante la sesión, el parlamentario planteó que la instancia debe avanzar hacia un informe técnico que permita identificar deficiencias, determinar responsabilidades y proponer medidas para mejorar los mecanismos de control y funcionamiento del programa a nivel nacional.

“Acá el peor error que nosotros podemos cometer es que esta comisión no termine en nada, que no pongamos los esfuerzos para poder mejorar las falencias que hoy día se están identificando, pero obviamente condenar todo tipo de mal uso de recursos públicos, de corrupción, porque en definitiva en nosotros está puesta también la fe de la gente que representamos”, sostuvo Ossandón.

El legislador planteó que la investigación no debe limitarse a la Región de O’Higgins, sino revisar los contratos celebrados entre 2019 y 2024 en todas las regiones del país. Para ello, pidió conocer proveedores, montos pagados, raciones comprometidas y efectivamente entregadas, además de establecer si existieron sobreprecios, pagos por servicios no acreditados o alimentos que nunca llegaron a los estudiantes. En regiones alejadas como Antofagasta, solicitó examinar si los mayores costos de operación fueron utilizados para justificar precios excesivos y cómo las direcciones regionales de Junaeb fiscalizaron el cumplimiento de los contratos.

Ossandón enfatizó que la investigación debe combinar la fiscalización política con un trabajo técnico capaz de transformar los antecedentes recopilados en propuestas efectivas. “Pedir que seamos una comisión que también avance de manera técnica. Yo sé que cumplimos un rol político, pero si queremos hacer aporte a nuestra patria y a cada uno de nuestros territorios, debemos tener un informe que efectivamente vaya y contribuya en mejorar las falencias que aquí se están identificando y otras que puedan aparecer en el camino”, señaló. Asimismo, planteó que, si los hechos detectados en O’Higgins se repiten en otros territorios, los antecedentes deben remitirse inmediatamente a Contraloría, al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público.

Finalmente, el parlamentario recalcó que la fiscalización debe traducirse en mecanismos efectivos para comprobar la entrega de los alimentos y evitar que los recursos públicos se pierdan sin beneficiar a los estudiantes. “Más si se trata de recursos públicos para los alimentos de nuestros niños, niñas y jóvenes”, afirmó. Ossandón insistió en que cada peso mal utilizado representa una ración que pudo no haber llegado a un estudiante y que el informe de la comisión debe contribuir a recuperar la confianza de las familias en el sistema de alimentación escolar.

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