Tras las graves advertencias vertidas por el fiscal nacional, Ángel Valencia, en la sesión de comisión de Seguridad el pasado 7 de septiembre, donde denunció que los fondos indispensables para dotar de operatividad a la nueva Fiscalía Supraterritorial no están siendo efectivamente destinados ni transferidos, el senador Karim Bianchi ofició formalmente a la Dirección de Presupuestos (DIPRES) para exigir transparencia en el flujo financiero.
A través del requerimiento presentado en el Senado, el parlamentario enfatizó que en el contexto de la crisis de seguridad pública y delincuencia que enfrenta el país el funcionamiento de esta unidad especializada no puede verse obstaculizado por demoras financieras o trabas administrativas.
«La persecución de las bandas criminales no admite demoras ni ambigüedades administrativas o financieras. Resulta inaceptable que, mientras las organizaciones delictivas operan con grandes cantidades de dinero y sofisticación, los recursos aprobados soberanamente por el Congreso Nacional para esta unidad especializada corran el riesgo de convertirse en ‘letra muerta’ o queden paralizados por dilaciones en el flujo financiero de la Dirección de Presupuestos», advirtió el senador Karim Bianchi.
En el oficio, el parlamentario requiere a la autoridad presupuestaria que entregue a la brevedad un desglose técnico que transparente los montos autorizados, devengados y efectivamente transferidos a la fecha al Ministerio Público. Asimismo, el legislador solicita precisar la disponibilidad de recursos para financiar la dotación de fiscales adjuntos, profesionales, técnicos y personal de apoyo contemplados por ley, junto con el cronograma formal de transferencias fijado para lo que resta del año 2026.
Finalmente, el senador Bianchi demandó conocer las medidas administrativas inmediatas que adoptará la Dirección de Presupuestos para resolver las trabas señaladas por la Fiscalía Nacional, además del criterio financiero con el que se estructurará el presupuesto del año 2027, garantizando que no se asfixie económicamente a las estructuras especializadas en el combate contra el crimen organizado.
