En total en esta indagatoria existen, hasta ahora, 72 imputados los cuales fueron detenidos en el marco un operativo nacional.
En relación al fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago que resolvió hoy revocar la resolución del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago que había decretado la prisión preventiva para 8 integrantes de la organización formalizada por los delitos de tráfico ilícito de drogas, cultivo de plantas del género cannabis, desvío de cultivo autorizado, asociación ilícita para cometer delitos de tráfico de drogas y lavado de activos y el arresto domiciliario total para otros dos imputados, la Fiscalía Regional de Aysén informa que la investigación continúa en desarrollo.
En su reemplazo, el Tribunal de Alzada resolvió aplicar para estos 10 imputados, las medidas cautelares personales de arraigo nacional, firma quincenal y prohibición de comunicarse entre sí y con los demás imputados de la causa.
Sobre esta decisión, el Ministerio Público expresa respetar las determinaciones judiciales pese a no compartir la resolución.
La Cuarta Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, coincidiendo con lo resuelto por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, tuvo por acreditada tanto la existencia del delito como presunciones fundadas de participación en calidad de autores respecto de los imputados en los delitos de tráfico ilícito de drogas; siembra, plantación, cultivo o cosecha de especies vegetales del género cannabis; y desvío de dichas sustancias, ilícitos previstos en los artículos 3°, 8° y 10 de la Ley N° 20.000, y que considera más de 500 kilos de cannabis y otros productos con elevados niveles de THC, que es el componente psicoactivo del cannabis.
No obstante calificar de graves los delitos atribuidos a los acusados, así como la gravedad de la pena señalada en abstracto a dichos ilícitos, esto es, penas de crimen que son de cumplimiento efectivo, la Ilustrísima Corte de Apelaciones consideró que la prisión preventiva no es la única cautelar para asegurar los fines del procedimiento ya que, de acuerdo a lo argumentado por el Tribunal, el peligro para la seguridad de la sociedad a que se refiere la ley y que justifica la prisión preventiva ha de entenderse en este caso como peligro de reiteración, esto es, como la posibilidad de que el imputado, en el evento de recuperar la libertad, pueda incurrir en nuevos y similares ilícitos.
Asimismo, el Ministerio Público informa que, dentro del plazo judicial de investigación fijado por el Tribunal en 120 días, se llevarán a cabo una serie de diligencias, como el análisis de numerosa evidencia que fue levantada e incautada desde los sitios del suceso durante el operativo simultáneo realizado el pasado 13 de agosto en 9 regiones del país, así como la toma de declaraciones y la práctica de diversos peritajes, para -una vez agotado el plazo judicial de investigación fijado por el Tribunal-, presentar acusación y llevar la causa a juicio oral.
En su momento, la Fiscalía evaluará formalizar la investigación respecto de otras personas que puedan tener la calidad de imputados en la causa. En total en esta indagatoria existen, hasta ahora, 72 imputados los cuales fueron detenidos en el marco un operativo nacional.
