El legislador cuestionó que se utilicen espacios educativos para actividades político-partidistas y recordó que los “espacios de las universidades estatales no pueden ser utilizados” para este tipo de actividades.
Luego que el sábado 5 de septiembre la directiva regional de Atacama del Frente Amplio (FA) realizó su cambió de mando en dependencias de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Atacama, el diputado del Partido Republicano, Ignacio Urcullú, ofició a la Contraloría General de la República (CGR), para que se pronuncie respecto al uso de espacios educativos para actividades partidistas, lo que de acuerdo al legislador no se ajusta a la normativa vigente.
El legislador recordó que el propio estatuto de la Universidad de Atacama y dictámenes recientes de Contraloría “establecen que los bienes y espacios de las universidades estatales no pueden ser utilizados para actividades político-partidistas”.
“La UDA es una institución pública financiada con recursos de todos los chilenos y los espacios educativos y los bienes públicos no son propiedad de ningún partido ni de ninguna ideología. Eso no es opinión, eso es la ley», afirmó Urcullú.
Cabe recordar que el propio capítulo del FA realizó su cambio de mando regional difundió una gráfica a través de redes sociales invitando a participar en la actividad, indicando como ubicación la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UDA. Las imágenes del evento muestran banderas, lienzos y material partidario del FA desplegados en las dependencias del recinto universitario público.
Por ello, Urcullú explicó que se solicitó a la CGR que “investigue los hechos, determine si existió una infracción a la normativa vigente e identifique las responsabilidades administrativas que correspondan”.
“Resulta preocupante espacios donde debería primar el debate de ideas”, continuó el representante de la Región de Atacama, “esté siendo capturado por determinados sectores políticos, y este tipo de actos sólo los valida dentro de la universidad, lo que no sólo sienta un pésimo precedente, sino también es la puerta de entrada para anular a estudiantes que legítimamente tienen una postura distinta a la de ellos”.
“Esperamos que el ente contralor nos pueda responder a la brevedad posible y se determine si esto está dentro de la ley y que se asuman las consecuencias. Si está dentro de la norma, que la Contraloría lo diga. Y si no lo está, que quienes autorizaron esto respondan por ello», cerró el diputado.
