Las nuevas indicaciones al proyecto de Responsabilidad Penal Adolescente buscan endurecer las sanciones para delitos graves y casos de reincidencia. Consuelo Murillo, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, advierte que una de las medidas podría abrir un nuevo debate ante el Tribunal Constitucional.
El proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente continúa su tramitación en el Congreso y avanza con una serie de indicaciones orientadas a fortalecer la respuesta sancionatoria frente a delitos de especial gravedad y casos de reincidencia. Entre las propuestas se encuentra una modificación al régimen de cumplimiento de las sanciones que podría generar un nuevo debate constitucional.
La iniciativa busca que los adolescentes condenados cumplan al menos una parte de su sanción privados de libertad antes de poder acceder a la libertad asistida especial. Es precisamente este punto el que genera reparos en Consuelo Murillo, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello.
La especialista advierte que existe un antecedente similar en la denominada Ley Emilia y anticipa que la nueva disposición podría enfrentar cuestionamientos constitucionales. “Una cosa similar se intentó hacer con la Ley Emilia, y posteriormente el Tribunal Constitucional ha declarado en numerosas ocasiones que se trata de una norma inconstitucional”, señala Murillo.
A juicio de la académica, el punto de conflicto se produce cuando el legislador establece que una persona que podría acceder a una pena sustitutiva deba, de todos modos, cumplir previamente un período de privación de libertad.
“Cuando tú tienes la posibilidad de aplicar una pena sustitutiva, pero el legislador obliga a que la persona condenada, en el caso de la Ley Emilia todos los condenados, en el caso de los adolescentes solo los adolescentes, que antes de poder aplicar la pena sustitutiva estén obligados a pasar un tiempo privado de libertad”, explica.
Para Murillo, el antecedente de la Ley Emilia permite anticipar que la discusión podría repetirse ahora en el ámbito de la justicia penal adolescente. “Es algo que, como reitero, en la Ley Emilia se intentó hacer y en definitiva se consideró que se trataba de una disposición inconstitucional, entonces seguramente nos vamos a encontrar con un debate similar para esta nueva disposición que se está proponiendo”, sostiene.
Endurecimiento de las sanciones
Las observaciones de la académica se dan en medio de una discusión legislativa que busca aumentar el cumplimiento efectivo de las sanciones para adolescentes condenados por delitos graves y en situaciones de reincidencia. El Senado aprobó en general el proyecto en julio y la iniciativa continúa siendo analizada en el Congreso.
Las nuevas indicaciones también han generado cuestionamientos de especialistas y organizaciones vinculadas a infancia, particularmente por las restricciones a la libertad asistida especial y el énfasis puesto en el endurecimiento de las condenas.
En paralelo, durante la discusión legislativa fue descartada la posibilidad de aplicar el régimen penal de adultos a adolescentes de 16 y 17 años. La decisión fue informada en el marco del avance del proyecto en la Comisión de Constitución del Senado.
Así, mientras el proyecto mantiene un sistema diferenciado para adolescentes, la discusión se concentra ahora en cuánto puede endurecerse el cumplimiento de las sanciones y cuáles son los límites constitucionales de esas modificaciones.
Para Murillo, uno de esos límites podría terminar siendo definido nuevamente en sede constitucional. La eventual obligación de cumplir un período de privación de libertad antes de acceder a una pena sustitutiva aparece, de este modo, como uno de los puntos jurídicos más sensibles de la reforma.
