El parlamentario integrante de la Comisión de Medio Ambiente solicitó al Servicio Agrícola y Ganadero determinar si la intervención realizada afectó el bienestar del animal, si la tenencia de los ejemplares se encuentra regularizada y si corresponde iniciar una fiscalización o adoptar medidas de protección.
El diputado Jaime Bassa ofició al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) luego de la amplia polémica generada por un video difundido por el diputado Javier Olivares, en el que señala haber cortado parte de las alas de uno de los pavos reales que mantiene bajo su cuidado con el propósito de impedir que escape. El registro provocó múltiples cuestionamientos en redes sociales respecto de un eventual maltrato animal y de las condiciones en que se mantienen los ejemplares.
“Esto no puede tomarse como una anécdota ni como una excentricidad para redes sociales. Corresponde que la autoridad competente determine con total seriedad si la intervención realizada al pavo real afectó su bienestar, su movilidad o le provocó sufrimiento innecesario. Y tratándose además de un diputado de la República, existe una responsabilidad pública mayor. Quienes ejercemos cargos de representación tenemos el deber de respetar la ley y de actuar con especial cuidado frente a conductas que puedan normalizar el maltrato animal. Por eso estamos pidiendo al SAG que fiscalice y despeje todas las dudas respecto de estos hechos”, afirmó Jaime Bassa, miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara.
A través del oficio, Bassa solicitó al SAG informar si tomó conocimiento de los hechos y si ha realizado o contempla realizar inspecciones sobre los pavos reales mantenidos por Olivares. También requirió determinar la categoría jurídica de los animales, su procedencia, si su tenencia se encuentra debidamente autorizada y registrada, y si el tipo de práctica que Olivares realizó para intervenir sus alas o plumas a fin de impedir el vuelo está permitida por la normativa vigente.
El parlamentario pidió, además, precisar si este tipo de intervención puede afectar la salud, movilidad o desarrollo normal de los ejemplares; si requiere evaluación veterinaria o autorización previa; y si, atendidas las circunstancias concretas, podría constituir una infracción a la Ley N° 20.380 sobre Protección de Animales. Finalmente, solicitó al organismo informar qué medidas corresponde adoptar para resguardar el bienestar de los animales y evitarles sufrimientos innecesarios.
