Catalina Del Real, Macarena Santelices, Lilian Betancurt y Roberto Arroyo pidieron determinar responsabilidades por la implementación de BedWise en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública. Las acciones de fiscalización apuntan al eventual uso de recursos públicos, los 31 hallazgos de ciberseguridad y la protección de información sensible de pacientes.
Los diputados de la Comisión de Salud pusieron bajo la lupa la implementación de BedWise, plataforma utilizada para la gestión de camas en la Posta Central, luego de conocerse antecedentes de Contraloría sobre un eventual conflicto de interés, participación de funcionarios públicos en la implementación de una herramienta privada y falencias detectadas por una auditoría de ciberseguridad del Ministerio de Salud. El organismo instruyó además un procedimiento disciplinario para establecer eventuales responsabilidades.
Las parlamentarias republicanas Catalina Del Real y Macarena Santelices apuntaron tanto a la probidad como a la protección de los pacientes. “Si recursos, funcionarios o capacidades financiadas por todos los chilenos contribuyeron al desarrollo de un producto privado, tenemos que saber quién lo autorizó y bajo qué condiciones. La innovación es necesaria, pero tiene que existir absoluta transparencia y resguardo de los datos clínicos”, sostuvo Del Real.
Santelices agregó que “31 hallazgos de seguridad no pueden tratarse como un detalle técnico. Minsal tiene que aclarar qué información estuvo involucrada, quién pudo acceder a ella y si existió algún riesgo para los pacientes”.
Desde el PDG, Lilian Betancurt desplegó requerimientos ante Contraloría, la Posta Central, el Servicio de Salud Metropolitano Central, Redes Asistenciales y la Superintendencia de Salud para conocer el avance del sumario, establecer si BedWise continúa funcionando, revisar eventuales convenios similares y fiscalizar la reserva de las fichas clínicas. “Aquí tenemos que saber si hubo pacientes afectados y si esta misma situación pudo repetirse en otros establecimientos. Incorporar tecnología no puede significar relajar los controles”, señaló Betancurt.
Roberto Arroyo añadió que “un hospital público no puede transformarse en un lugar donde primero se prueba y después se pregunta por las garantías. Si hubo recursos públicos o terceros accediendo a información sensible, corresponde esclarecerlo y determinar responsabilidades”.
Entre las principales interrogantes se encuentra también si el trabajo y las capacidades del HUAP contribuyeron posteriormente a la valorización comercial del software. Registros posteriores muestran que la experiencia de BedWise en la Posta Central fue utilizada como antecedente en presentaciones ante otros organismos públicos, mientras desde la empresa han planteado que Contraloría podría no haber contado con todos los antecedentes técnicos del proyecto.
Los parlamentarios coincidieron en que el caso debe traducirse además en reglas más estrictas para toda la red pública, con evaluaciones técnicas, jurídicas y de ciberseguridad antes de incorporar plataformas privadas que intervengan en procesos hospitalarios críticos o utilicen información clínica de pacientes.
