El Gobierno decidió retirar de la Contraloría General de la República el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, luego de las críticas surgidas desde distintos municipios por una disposición que podía vincular el incumplimiento de determinadas obligaciones con una eventual causal de cese en el cargo de los alcaldes.
La decisión fue anunciada este miércoles por el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, tras sostener una reunión con representantes de las principales asociaciones de municipios del país para abordar las observaciones formuladas al texto.
La controversia se concentró en el artículo 8 del reglamento, que establecía que las municipalidades debían verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la designación de los directores de Seguridad Pública y de los inspectores de seguridad municipal.
El mismo artículo señalaba que una infracción a esa obligación podía derivar en responsabilidad administrativa y, en el caso de un alcalde, eventualmente configurar la causal de cese del cargo contemplada en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
La redacción generó cuestionamientos transversales entre autoridades comunales. Desde el mundo municipal se sostuvo que una eventual causal de destitución no debía ser precisada mediante un reglamento y se solicitó al Ejecutivo retirar el documento para revisar su contenido. Entre quienes plantearon reparos estuvieron los alcaldes de Santiago, Mario Desbordes; Lo Barnechea, Felipe Alessandri; Las Condes, Catalina San Martín; y Quinta Normal, Karina Delfino.
El Ejecutivo había defendido inicialmente la normativa, argumentando que el reglamento no creaba una nueva causal de cesación, sino que hacía referencia a responsabilidades ya establecidas en la legislación vigente. La Subsecretaría de Prevención del Delito sostuvo que el notable abandono de deberes se encuentra regulado por la normativa municipal y que su eventual configuración debe ser resuelta por las instancias correspondientes.
Sin embargo, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, había reconocido que la redacción podía dar espacio a distintas interpretaciones y manifestó la disposición del Gobierno a realizar ajustes para despejar las dudas planteadas por los municipios.
Crédito: aquiyahora.cl
