La victimización por delitos violentos cayó en 2025, pero la percepción de inseguridad sigue siendo alta. Expertas de la UCT plantean que la prevención requiere fortalecer la confianza, aprovechar la información territorial y articular a las comunidades con las instituciones.
Los datos más recientes obligan a mirar la seguridad más allá de una sola cifra. En 2025, el 7,9% de los hogares fue víctima de delitos violentos, frente al 8,5% registrado en 2024. Sin embargo, el 82,9% de las personas percibió que la delincuencia aumentó en el país. La percepción alcanzó 70,5% al preguntar por la comuna y 47,2% respecto del propio barrio.
La distancia entre victimización y percepción convive, además, con una importante cifra oculta: sólo 41,3% de los hogares víctimas de delitos violentos denunció formalmente. En paralelo, los registros administrativos muestran que Carabineros contabilizó 1.523.703 denuncias durante 2025, un 4,6% más que en 2024.
Confianza y territorio
El escenario plantea una pregunta que trasciende la capacidad de respuesta frente al delito, ¿cómo lograr que la seguridad también se traduzca en confianza y tranquilidad en los territorios? Para Bruna Fonseca, directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco, una de las claves está en fortalecer el vínculo entre las comunidades y las instituciones, “Sin la confianza de la comunidad, la inteligencia policial queda a ciegas y la justicia pierde fuerza”, plantea.
Fonseca advierte una respuesta enfocada principalmente en sancionar el delito, puede ser insuficiente frente a territorios con realidades distintas. En La Araucanía, explica, conviven delito urbano, violencia rural, redes de crimen organizado y un conflicto sociopolítico e histórico, por lo que comprender las particularidades locales resulta fundamental.
La dimensión territorial también resulta determinante para Danytza González Ceballos, jefa de la carrera de Ciencia Política de la UCT. La académica explica que la percepción de seguridad cambia según la escala: mientras la mirada sobre el país puede estar condicionada por determinados hechos noticiosos, en los barrios adquieren mayor peso las experiencias cotidianas y la relación directa con el entorno.
Cuando las personas perciben que las instituciones policiales no responden adecuadamente, advierte González, aumenta la posibilidad de buscar alternativas privadas de seguridad o recurrir a prácticas de justicia por mano propia. Por ello, plantea que una política eficaz debe articular policías, Ministerio Público, Gendarmería, Aduanas, SENDA, organizaciones sociales y academia, considerando las distintas dimensiones de prevención, control, coerción y reinserción.
De la percepción a la organización
La investigación de Camila Castro, asistente social y alumni del Magíster en Gobierno y Asuntos Públicos de la UCT, sobre la Unión Comunal de Comités de Seguridad de Temuco muestra que la percepción de inseguridad, junto con la ocurrencia de delitos y la necesidad de actuar colectivamente, impulsó la organización vecinal.
La experiencia permitió coordinar comités, compartir herramientas preventivas y fortalecer el trabajo con Carabineros y la PDI. Para Castro, estas organizaciones aportan además un conocimiento territorial relevante para identificar situaciones que no siempre aparecen en los registros oficiales. El caso también evidencia que esta participación puede vincularse con la institucionalidad a través de los Consejos Comunales de Seguridad Pública.
El punto, advierten desde la UCT, no es trasladar a los vecinos funciones policiales. La organización comunitaria debe aportar en prevención, alerta temprana e integración social, sin sustituir al Estado ni promover la autotutela. El desafío, entonces, no es elegir entre policías y comunidades, sino articular capacidades para responder al delito, fortalecer la confianza y prevenir desde los propios territorios.
