Septiembre es sinónimo de Fiestas Patrias, celebraciones y también de mayores gastos para las familias chilenas. En ese escenario, el aguinaldo vuelve cada año a transformarse en uno de los beneficios más esperados por trabajadores y pensionados. Sin embargo, detrás de esta tradicional ayuda económica existe una realidad que muchas veces genera confusión: no todos los colaboradores tienen derecho a recibirlo.
Para los funcionarios del sector público, el beneficio está establecido por ley. Este 2026, el aguinaldo de Fiestas Patrias alcanza los $91.682 para las personas que reciben una remuneración líquida igual o inferior a $1.060.493; mientras que para aquellos superan ese nivel de ingresos corresponde a $63.645, dentro de los límites establecidos legalmente. A lo anterior se suman los pensionados que cumplen los requisitos, quienes obtienen un monto base de $25.280, más un incremento de $12.969 por cada carga familiar acreditada.
En el sector privado, en cambio, la situación es distinta. La legislación laboral chilena no obliga de manera general a los empleadores a entregar un aguinaldo de Fiestas Patrias. El pago es exigible si está incorporado en el contrato de trabajo, en un instrumento colectivo o si se ha entregado de forma reiterada en años anteriores, generando lo que laboralmente se conoce como una cláusula tácita. Por ello, mientras algunos trabajadores esperan septiembre con la certeza de recibir este aporte, para otros continúa siendo un beneficio sujeto a las políticas internas de cada empresa.
Y aquí surge una discusión que vale la pena plantear. En un mes donde el presupuesto familiar suele tensionarse, el aguinaldo representa mucho más que un aporte para una celebración: puede significar financiar alimentos, una alternativa para pagar cuentas pendientes o simplemente evitar recurrir al crédito. Desde esa perspectiva, su importancia económica y social es evidente.
Pero también debemos ser responsables respecto a cómo se utiliza. El aguinaldo no debiese transformarse en una invitación automática a gastar más de lo habitual. En tiempos donde muchas familias mantienen elevados compromisos financieros, lo recomendable es considerarlo como un ingreso extraordinario que permita aliviar el presupuesto y no como la puerta de entrada a nuevas deudas.
Quizás el debate futuro no debiera centrarse únicamente en cuánto aumenta el aguinaldo cada año, sino también en cómo avanzar hacia beneficios laborales que entreguen mayor bienestar y seguridad económica. Porque para muchas familias septiembre es un mes de festejos, pero también uno en que cada peso adicional puede marcar una diferencia.
