Dos proyectos de autoría del senador Vial y la senadora Vodanovic, buscan modificar el Código Penal con el fin de proteger a estas autoridades en razón de su exposición pública y su rol en el combate contra la delincuencia.
Endurecer penas y proteger a más autoridades es el objetivo de dos mociones que comenzarán a ser estudiadas por los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública. Éstas nacieron tras conocerse el caso del alcalde de San Bernardo, Christopher White, quien recibió amenazas de muerte hace algunas semanas.
Desde 3 años y un día hasta 10 años de prisión podría arriesgar quien conspire para cometer el delito de homicidio calificado en contra de un alcalde o concejal. Así lo estipula una moción de autoría del senador Cristián Vial, la que fue patrocinada por las senadoras Loreto Carvajal y Paulina Núñez y los senadores Juan Luis Castro y Karim Bianchi.
La propuesta modifica el actual artículo 391 bis del Código Penal, que sanciona a quien intente atentar contra la vida de un juez con competencia en lo penal, de un fiscal del Ministerio Público, de un defensor penal público, de un funcionario de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile o de Gendarmería de Chile, en razón del ejercicio de sus funciones. El proyecto incluye a los alcaldes y concejales en dicha norma (Boletín N° 18633-25).
Cabe recordar que, en la sesión del 7 de septiembre pasado de la Comisión de Seguridad Pública, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia reconoció que existen 22 alcaldes con medidas de protección y 10 fiscales con protección permanente.
AUTORIDADES DE SEGURIDAD
También la senadora Paulina Vodanovic apoyada por el senador Juan Luis Castro, presentó una moción que protege a los alcaldes, gobernadores regionales y demás autoridades con responsabilidades en materia de seguridad pública (Boletín N° 18630-25).
La propuesta en primer trámite pretende reforzar la protección penal frente al homicidio por encargo dirigido contra alcaldes, gobernadores regionales y demás autoridades a las que la ley atribuye funciones de conducción, coordinación o ejecución en materia de seguridad pública o prevención del delito, e intensificar la respuesta penal aplicable al homicidio calificado cometido contra las personas especialmente protegidas.
En concreto, al igual que la moción anterior incluye en el artículo 391 bis del Código Penal, el ataque contra “un alcalde, un gobernador regional, el Ministro de Seguridad Pública, los Subsecretarios de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, un delegado presidencial regional o provincial, un secretario regional ministerial de Seguridad Pública, un director de departamento provincial de Seguridad Pública, un director de seguridad pública comunal o de otra autoridad a la que la ley encomiende funciones de dirección, diseño, aprobación, coordinación o ejecución de políticas, planes o programas en materia de seguridad pública o prevención del delito».
También este proyecto establece que “el delito de homicidio calificado en contra de cualquiera de las personas señaladas, en razón del ejercicio de sus funciones, se castigará como consumado desde que se encuentre en grado de tentativa”.
El alcalde de San Bernardo, Cristopher White en la Comisión de Seguridad Pública.
