Esta semana se cumplieron 23 años desde que el Servicio de Impuestos Internos inició, el 2 de septiembre de 2003, la masificación de la factura electrónica en Chile. Lo que comenzó con un grupo acotado de empresas terminó convirtiéndose en una transformación estructural para nuestro sistema tributario y, especialmente, para la forma en que las compañías registran sus operaciones y acceden a financiamiento.
Antes de su implementación, anticipar una factura mediante factoring suponía revisar documentos físicos, validar firmas y confirmar directamente con el pagador la existencia de la operación. Era un proceso más lento, costoso y expuesto a errores o duplicidades. La digitalización permitió contar con documentos trazables, verificables y susceptibles de ser cedidos electrónicamente, reduciendo de manera importante esas fricciones.
Para las pequeñas y medianas empresas, este cambio tuvo un efecto que fue mucho más allá de simplificar la contabilidad. La factura electrónica convirtió una cuenta por cobrar en un activo cuya
existencia podía comprobarse con mayor rapidez y seguridad. Esto facilitó que empresas sin grandes patrimonios, extensos historiales financieros o acceso suficiente al crédito bancario pudieran obtener liquidez respaldándose en sus ventas realizadas.
Ahí se encuentra uno de los mayores aportes del factoring. Una pyme puede tener una operación rentable, buenos clientes y perspectivas de crecimiento, pero enfrentar dificultades porque debe pagar remuneraciones, proveedores, impuestos e insumos mucho antes de recibir el dinero de sus facturas. Anticipar esas cuentas por cobrar permite acortar esa brecha y dar continuidad al negocio sin esperar el vencimiento de cada documento.
Sin embargo, sería equivocado pensar que la tecnología resolvió por sí sola los problemas de liquidez. La factura electrónica hizo más eficiente y transparente el proceso, pero no eliminó los atrasos, las objeciones injustificadas ni la asimetría que existe cuando una empresa pequeña vende a una organización con mayor poder de negociación. La Ley de Pago a 30 Días estableció un avance relevante, aunque su impacto depende del cumplimiento efectivo y de una cultura de pago responsable.
Después de 23 años, el desafío ya no consiste solamente en digitalizar documentos. El próximo paso es aprovechar mejor la información disponible para evaluar el riesgo de manera más precisa,
reducir los tiempos de respuesta y ofrecer condiciones de financiamiento acordes con la realidad de cada empresa. Una pyme no debería ser analizada únicamente por su tamaño o por las garantías que puede entregar, sino también por la calidad de sus cuentas por cobrar, el comportamiento de sus pagadores y la consistencia de su actividad comercial.
La tecnología puede contribuir a avanzar en esa dirección. La automatización de procesos y el análisis de datos permiten verificar operaciones con mayor rapidez, prevenir fraudes y construir evaluaciones menos rígidas. Esto abre la posibilidad de ampliar el acceso al financiamiento, pero también exige fortalecer la protección de la información, la ciberseguridad y la transparencia en las condiciones ofrecidas.
El factoring no debe entenderse como una alternativa reservada para empresas en dificultades. Bien utilizado, es una herramienta de planificación financiera que permite ordenar los flujos de caja,
responder a aumentos de demanda y aprovechar oportunidades de crecimiento sin transformar necesariamente cada necesidad de capital de trabajo en una deuda de largo plazo.
La factura electrónica marcó un antes y un después en la modernización económica de Chile. A 23 años de su masificación, el desafío es que esa infraestructura digital siga evolucionando para
favorecer un mercado financiero más competitivo, transparente e inclusivo. Porque detrás de cada factura pendiente hay una empresa que debe continuar funcionando, y detrás de muchas de esas empresas existen empleos, proveedores y proyectos que no pueden esperar.
