La iniciativa, impulsada por el parlamentario como integrante de la Comisión de Adulto Mayor del Senado, busca sancionar a quienes, teniendo bajo su cuidado a personas mayores y conociendo riesgos graves, no adopten las medidas necesarias para proteger sus vidas.
Tras el incendio registrado en Pitrufquén que dejó 16 adultos mayores fallecidos, el senador Miguel Becker presentó un proyecto de ley que busca establecer expresamente la responsabilidad penal de quienes administren, dirijan o tengan a su cargo establecimientos destinados al cuidado y residencia de personas mayores.
El proyecto busca incorporar al Código Penal una norma que establezca la denominada “posición de garante” para propietarios, administradores, directores o responsables efectivos de estos establecimientos. Esto significa que quienes asumen el cuidado de personas mayores adquieren también un deber jurídico de proteger su vida e integridad física.
El proyecto establece que, para que exista responsabilidad penal, debe existir un peligro grave, concreto y objetivamente previsible, que sea conocido por el responsable y que este tenga la posibilidad material de evitar. Si, pese a ello, mantiene a los residentes expuestos al riesgo y como consecuencia se produce una muerte, podría configurarse responsabilidad penal.
Entre las situaciones que el proyecto considera especialmente relevantes están las deficiencias graves en prevención y protección contra incendios, instalaciones eléctricas o de gas, vías de evacuación, capacidad máxima del recinto y disponibilidad de personal suficiente para asistir a residentes que no puedan evacuar por sus propios medios.
El senador Miguel Becker explicó que la iniciativa surge directamente a raíz de la tragedia ocurrida en la Región de La Araucanía y busca establecer responsabilidades claras para quienes tienen bajo su cuidado a adultos mayores.
«Después de los lamentables hechos de Pitrufquén, donde 16 adultos mayores fallecieron calcinados por el fuego, hemos tomado la medida de poder presentar un proyecto de ley que dice en relación con la responsabilidad de los cuidadores o los sostenedores de estos establecimientos. Y en ese sentido, va a ser un delito el hecho de que un adulto mayor fallezca en un siniestro. Y va a haber personas responsables que, en definitiva, respondan ante los familiares de estos adultos mayores. Esperamos que esto signifique no el cierre de los establecimientos, pero sí tomar todas las medidas del caso con el propósito de evitar cualquier siniestro de este tipo, en cualquier parte de nuestro país.»
La propuesta no busca establecer una responsabilidad penal automática por cualquier accidente o incumplimiento administrativo. El propio proyecto señala expresamente que deben acreditarse elementos como el deber de protección, el conocimiento del peligro, la capacidad de evitarlo y la relación entre la omisión y el resultado producido.
Además, la posición de garante que plantea la iniciativa se aplicaría independientemente de que el establecimiento cuente o no con autorización sanitaria, de manera que la informalidad del recinto no pueda utilizarse como una vía para eludir las responsabilidades derivadas del cuidado efectivamente asumido.
El senador Becker señaló que el objetivo de la iniciativa no es cerrar los establecimientos que actualmente prestan atención a personas mayores, sino elevar los estándares de seguridad y establecer responsabilidades claras cuando existan riesgos graves que pudieron ser evitados.
