El parlamentario solicitó al Ministerio de Salud, al Hospital Carlos Van Buren, al Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, al Consejo de Defensa del Estado y al Registro Civil esclarecer la atención entregada a la madre, eventuales episodios de violencia obstétrica y las irregularidades que habrían impedido la sepultación del niño.
El diputado Jaime Bassa ofició a distintas instituciones del Estado por la denuncia de una familia de Valparaíso que perdió a su hijo recién nacido tras una atención gineco-obstétrica en el Hospital Carlos Van Buren y que, posteriormente, habría enfrentado una serie de trabas administrativas para poder darle sepultura.
De acuerdo con los antecedentes contenidos en el oficio, la madre cursaba un embarazo de alto riesgo y acudió el 4 de julio de 2026 a la urgencia gineco-obstétrica del recinto con intensos dolores y pérdida de líquido. La familia denuncia que fue dada de alta ese mismo día y que, tras reingresar en estado crítico el 5 de julio, se le practicó una cesárea de urgencia en la que se constató el fallecimiento de su hijo. Posteriormente, los certificados de nacimiento y defunción habrían sido emitidos con la misma hora, situación que habría dificultado la inscripción de la defunción y la obtención del pase de sepultación.
“Perder a un hijo es una de las experiencias más dolorosas que puede enfrentar una familia. Si a ese dolor se suman eventuales fallas en la atención médica, dificultades para poder sepultarlo y una respuesta institucional que, según lo denunciado, no entrega la contención necesaria, el Estado tiene la obligación de esclarecer cada una de esas actuaciones. Estamos solicitando los antecedentes clínicos, las auditorías, las eventuales investigaciones administrativas y los protocolos aplicados. No podemos permitir que una denuncia de esta gravedad quede sin respuestas”, señaló el diputado Jaime Bassa.
El oficio busca determinar la pertinencia del alta médica otorgada el 4 de julio, conocer las auditorías internas realizadas y establecer si existen investigaciones o sumarios administrativos por eventuales responsabilidades en la atención clínica y en el manejo de la documentación, además de las razones que llevaron al hospital a adoptar una estrategia adversarial durante la instancia de mediación.
“Desde que perdimos a nuestro hijo no hemos podido vivir nuestro duelo en paz. Además del dolor de perderlo, hemos tenido que luchar demasiado tiempo por respuestas, enfrentar problemas con documentos y vivir la angustia de no poder darle sepultura como corresponde, soportando que su cuerpo lleve meses en el Servicio Médico Legal. No quiero que ninguna otra familia tenga que vivir un dolor así”, dijo Javiera Azua, madre del niño.
La fiscalización también requiere al Registro Civil informar las gestiones realizadas para subsanar las inconsistencias documentales que han impedido concretar la sepultación. El objetivo es establecer qué ocurrió en cada etapa, determinar eventuales responsabilidades y adoptar medidas que eviten que otra familia deba enfrentar una situación similar.
