Parlamentarios del PNL, PDG, PCCh, Republicanos, RN y Evópoli criticaron las declaraciones del presidente del PC sobre las protestas anunciadas en medio del debate presupuestario y llamaron a privilegiar la discusión institucional.
Los diputados Germán Verdugo (PNL), Patricio Briones (PDG), Francesca Muñoz (PCCh), Macarena Santelices (REP), Francisco Orrego (RN) y Tomás Kast (Evópoli) reaccionaron a las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien vinculó las próximas movilizaciones de funcionarios de la salud y estudiantes con la discusión de la Ley de Presupuestos. Carmona sostuvo que salud y educación son “derechos sociales de primer orden” y justificó las convocatorias ante eventuales reducciones de recursos.
Verdugo señaló que “Como integrante de la Comisión de Educación, entendemos que los estudiantes están en todo su derecho a manifestarse y expresar sus posturas. Sin embargo, lamentamos profundamente que estas se convoquen sin tener conocimiento de la propuesta que el Gobierno presentará ante el Congreso en materia presupuestaria y que las mismas terminen, de manera reiterada, en hechos de violencia y destrucción del mobiliario público, afectando a los mismos ciudadanos que dicen defender. Hoy enfrentamos un escenario de estrechez fiscal severo, donde cada peso cuenta. Debemos ser extremadamente responsables con el presupuesto nacional, porque los recursos de todos los chilenos deben resguardarse y utilizarse de manera eficiente, no destinarse a reparar los daños de la violencia en las calles”. Por su parte, Briones afirmó que “Creo que el presidente del Partido Comunista se equivoca cuando da por sentada la necesidad de movilizarse antes de que termine una discusión que recién tiene que darse en el Congreso. Carmona puede tener una posición sobre el Presupuesto, pero quienes terminan pagando los costos cuando una movilización afecta el funcionamiento de una ciudad son el trabajador, el comerciante, el paciente y el chileno de a pie. Las demandas en salud y educación son importantes, pero también tenemos que exigir responsabilidad a quienes tienen liderazgo político. La gente necesita soluciones concretas, no que cada diferencia política termine trasladándose a la calle”.
La diputada Francesca Muñoz (PCCh) cuestionó lo que considera un doble estándar del Partido Comunista respecto de las movilizaciones. “Hay que recordar que durante el gobierno del Presidente Boric la tasa de desempleo en la Región del Biobío llegó a casi el 10% y las listas de espera en salud no tuvieron ningún avance. Y en ese momento el Partido Comunista no decía nada. Hoy se les nota demasiado el doble estándar, porque ahora sí respaldan movilizaciones. Ese es precisamente el tipo de política que Chile tiene que dejar atrás. Si el señor Carmona tiene diferencias con el Gobierno, que las plantee con argumentos y con propuestas, pero que no utilice las legítimas preocupaciones de estudiantes y trabajadores para profundizar la confrontación. Los chilenos necesitan seguridad, crecimiento económico, trabajo y soluciones concretas. Entonces la pregunta es: ¿cuáles son las propuestas del Partido Comunista en materia de seguridad y crecimiento económico?”. Durante el último tramo del gobierno de Boric, la tasa de desocupación del Biobío llegó a 9,7% en el trimestre noviembre de 2025-enero de 2026. En tanto, Santelices sostuvo que “Me parece preocupante que Lautaro Carmona vuelva a validar la movilización como primera respuesta frente a una discusión política que debe resolverse en democracia. Nadie está cuestionando una manifestación pacífica, pero quienes tienen responsabilidades políticas también deben hacerse cargo de las señales que entregan. Chile ya vivió las consecuencias de relativizar la violencia y no podemos volver a aceptar que detrás de demandas legítimas se terminen justificando desórdenes, destrucción o ataques contra bienes que pertenecen a todos los chilenos”.
Orrego planteó que “Lautaro Carmona confunde dos cosas distintas: una es defender el legítimo derecho a manifestarse y otra es instalar la calle como mecanismo de presión frente a una discusión que corresponde resolver institucionalmente. El Presupuesto se debate en el Congreso, con antecedentes, cifras y votaciones. Quienes convocan o respaldan manifestaciones tienen también la responsabilidad de promover que se desarrollen pacíficamente y de condenar sin ambigüedades cualquier hecho de violencia. La democracia funciona cuando respetamos tanto el derecho a protestar como el derecho de los demás a trabajar, circular y vivir tranquilos”.
Finalmente, Tomás Kast vinculó la discusión con el proyecto presentado en junio que regula la responsabilidad de organizadores, convocantes y promotores de manifestaciones públicas y contempla normas respecto de daños a bienes públicos o privados. La iniciativa, correspondiente al boletín 18.397-07, continúa en tramitación en la Cámara. “Precisamente situaciones como estas muestran por qué presentamos nuestro proyecto para establecer reglas claras respecto de la responsabilidad de quienes organizan, convocan y promueven manifestaciones. La iniciativa no busca limitar el derecho a manifestarse pacíficamente, sino establecer deberes preventivos y mecanismos de responsabilidad cuando se producen daños a bienes públicos o privados. Si alguien convoca responsablemente, adopta medidas para prevenir hechos de violencia y colabora para identificar a quienes provocan destrozos, el propio proyecto contempla resguardos. El objetivo es compatibilizar el derecho a manifestarse con el derecho de todos los ciudadanos a no terminar pagando las consecuencias de la violencia”.
