El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, revocó este lunes los visados de altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes acusa de «corruptos» y de «socavar gobiernos elegidos democráticamente».
Bolivia es el país con más ciudadanos sancionados en una lista publicada por el Departamento de Estado en las que se mencionan trece cargos o excargos y un empresario con nombres y apellidos, entre ellos al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, el exministro de Justicia Iván Manolo Lima y el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero.
El fiscal superior, Martín Daniel Irusta, la jueza anticorrucpión y de violencia contra la mujer, Albania Chane Caballero, el fiscal titular de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y el coronel de policía Frans William Cabrera son otros de los afectados.
La orden restringe el acceso a Estados Unidos a la mayoría de estos ciudadanos y de sus familiares directos en virtud de la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad al considerar que «atentan contra un gobierno democráticamente elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico en la región».
En el caso de Mariaca, aplica la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional «por su participación en casos de corrupción graves».
Según el comunicado del Departamento de Estado, las acciones de Mariaca «ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo, busca fortalecer».
La Administración de Donald Trump impuso restricciones a otros nueve bolivianos que no poseen actualmente visas pero fueron declarados «ineligibles» para obtenerlas en un futuro.
La medida incluye a dos ciudadanos colombianos, el empresario Euclides Antonio Torres y a Martha Isabel Peralta, senadora y presidenta del partido Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), que, recuerda el Departamento de Estado, es parte de la coalición del Pacto Histórico.
Asimismo, impone sanciones en Perú al juez del Tribunal Constitucional del Primer circuito de Lima, Juan Carlos Núñez.
Las restricciones alcanzan a otros dos ciudadanos ecuatorianos y sus familiares, aunque no especifica ningún nombre.
«El mensaje del presidente Trump y del secretario (Marco) Rubio es claro: los funcionarios corruptos —y los criminales a quienes protegen— no son bienvenidos en Estados Unidos», concluye el comunicado.
