La Contraloría Regional del Biobío detectó diversas irregularidades y debilidades de control en la ejecución del Programa Inversión en la Comunidad del Biobío (Proempleo), una de las principales políticas de empleo de la zona. Por ello, la Contraloría dio un plazo de 15 días hábiles al servicio para iniciar un sumario que pueda determinar las eventuales responsabilidades administrativas.
Los resultados fueron dados a conocer en el Informe Final N°180 de 2026, que auditó la gestión realizada por la Delegación Presidencial Regional en aspectos como la recepción, ejecución y rendición de fondos del citado programa.
Beneficiarios y conflictos de interés
Entre los hallazgos, se estableció que 1.044 beneficiarios no cumplían con los requisitos exigidos por la normativa para formar parte del programa, por cuanto estas personas percibían rentas u honorarios de otras entidades, mantenían más de un empleador o recibían pensiones sobre los límites permitidos para ser incluidos en la iniciativa.
La auditoría también advirtió riesgos para la transparencia y objetividad en el ingreso de beneficiarios. En este aspecto se estableció que la Delegación no contaba con procedimientos formalizados para regular las incorporaciones y reemplazos de participantes. En la práctica, dirigentes sindicales vinculados al programa proponían personas para ocupar vacantes, pese a que las bases y convenios no les otorgaban facultades para hacerlo. En ese contexto, se identificó que 343 beneficiarios mantenían vínculos con 138 dirigentes sindicales participantes del programa, mientras que otros 116 registraban relaciones familiares con personas vinculadas a entidades ejecutoras privadas.
A ello se suman lazos de parentesco entre integrantes de la coordinación regional del programa y algunos beneficiarios.
El informe también observó que 813 favorecidos fueron contratados en establecimientos educacionales sin que se acreditara su idoneidad psicológica para el desarrollo de las funciones que desempeñaban, por lo que la Delegación deberá establecer cuáles de ellos realizaron efectivamente funciones comprendidas en la ley N°19.464, regularizar la situación de quienes continúen desempeñándolas e implementar un control previo para futuras destinaciones
Otro antecedente señala que 1.692 beneficiarios mantenían autorizaciones de flexibilidad horaria dadas por las entidades ejecutoras, otorgadas sin un procedimiento formal que regulara requisitos, condiciones y mecanismos de control.
Asimismo, la Contraloría identificó 9 beneficiarios que registraban salidas del país durante períodos en que hacían uso de licencias médicas.
Proyectos y convenios
Respecto de la ejecución de los proyectos, se revelaron falencias en los controles de asistencia y supervisión. Se pudo revelar que 15 recintos estaban cerrados, impidiendo verificar la presencia de 75 beneficiarios. Asimismo, se encontró que otras 33 personas no estaban en sus lugares de trabajo sin justificación.
En materia administrativa, se encontraron reiterados problemas y graves deficiencias en la tramitación de los convenios con entidades ejecutoras privadas. Constatando que 22 convenios fueron ejecutados pese a que sus resoluciones aprobatorias fueron representadas por la CGR durante el trámite de toma de razón. De ellos, solo siete fueron reingresados una vez ya ejecutados, siendo nuevamente representados, por lo que fueron materializados sin una revisión previa adecuada.
Rendición de cuentas
La revisión financiera también identificó debilidades relevantes. Entre ellas, que las rendiciones eran administradas principalmente mediante planillas Excel, mientras que el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas no contenía el detalle completo de los gastos ni la documentación de respaldo correspondiente.
Junto con ello, se detectó el pago de bonos de movilización a beneficiarios que se encontraban con licencia médica, por un monto de $4,6 millones, además de transferencias por más de $4,4 millones correspondientes a cuotas sindicales, ahorros y descuentos voluntarios efectuadas a cuentas de personas naturales, sin que esta acción se ajuste a la normativa vigente.
Además del procedimiento disciplinario que la delegación deberá realizar la Contraloría General remitirá los antecedentes al Ministerio público por los posibles ilícitos que puedan existir sobre la materia.
