Con el objetivo de avanzar en una protección más integral para las personas con enfermedad celíaca, la diputada Francisca Bello presentó un proyecto de ley que establece nuevas obligaciones en materia de información, alimentación segura y no discriminación, recogiendo además el trabajo desarrollado junto a organizaciones de pacientes. La iniciativa es firmada por Francisca Bello (FA), Matías Fernández (FA), Andrés Celis (RN), José Antonio Rivas (PS), Ana María Gazmuri (PC), Christian Mella (DC), Chiara Barchiesi (REP), Zandra Parisi (PDG) y Félix Bugueño (FA).
Entre sus principales medidas, la iniciativa establece que los servicios de alimentación deberán informar qué preparaciones contienen gluten y cuáles son libres de este, disponer de alternativas seguras y adoptar medidas para prevenir la contaminación cruzada. También permitirá que las personas celíacas lleven y consuman sus propios alimentos cuando un establecimiento no cuente con una alternativa adecuada.
La diputada Bello, autora de la iniciativa, sostuvo que “para una persona celíaca alimentarse no es una elección ni una moda: es su tratamiento. Hoy esa responsabilidad recae casi por completo sobre las familias, que deben enfrentar mayores costos, pocas alternativas y muchas veces espacios que ni siquiera están preparados para evitar una contaminación cruzada. Este proyecto busca algo muy concreto: que puedan estudiar, trabajar, hospitalizarse o simplemente salir a comer sin poner en riesgo su salud ni sentirse discriminadas”.
La propuesta contempla además resguardos para pacientes hospitalizados y una prohibición expresa de discriminación arbitraria por la condición de persona celíaca en ámbitos educacionales, laborales, de consumo y acceso a bienes y servicios.
El proyecto fue presentado públicamente por el diputado e integrante de la Comisión de Salud Matías Fernández, en representación de Bello. “La celiaquía no se trata con un medicamento, se trata con comida. Se trata con hacerse cargo de su tratamiento integralmente y de todas las consecuencias en la vida que esto conlleva”, señaló Fernández, destacando que una alimentación libre de gluten puede costar considerablemente más que una dieta convencional.
La diputada Ana María Gazmuri destacó que la iniciativa aborda aquellas materias que pueden ser reguladas mediante una moción parlamentaria, pero recalcó la necesidad de que el Ejecutivo avance también en las medidas que requieren recursos públicos. “Hoy queda todo el peso en los hombros del paciente. El tratamiento no se encuentra en un fármaco, se encuentra en el supermercado, en el almacén y en la cocina”, afirmó.
Por su parte, el diputado José Antonio Rivas planteó que la propuesta busca también generar un cambio cultural: “Hay que visibilizar a los celíacos en todo el territorio nacional, en cada momento en que una persona necesita alimentarse. Se trata de garantizar una vida sin discriminación y con dignidad”.
La diputada Chiara Barchiesi valoró la iniciativa y su carácter transversal, señalando que “tenemos que buscar esos puntos de encuentro entre las personas celíacas, entre los productores, entre los supermercados también, para buscar una regulación que realmente ayude”. Agregó que también es necesario avanzar en “educación, en información y en diagnóstico temprano”, advirtiendo que un diagnóstico tardío puede tener consecuencias importantes en la salud y el desarrollo de niños y adultos.
Por su parte, Javiera Ramírez, representante de la agrupación Apoyo Consciente entre Celíacos de Calle Larga, destacó que la iniciativa nace desde las necesidades de las familias. “La celiaquía no distingue edad, género, región, mucho menos el bolsillo de la persona diagnosticada. Hoy presentamos este proyecto pensando en un diagnóstico oportuno, un tratamiento accesible y un acompañamiento integral. No es justo que una persona tenga que estar dos años en una lista de espera para acceder a una endoscopía”, sostuvo.
