La iniciativa parlamentaria busca establecer un deber legal para que las autoridades académicas soliciten el auxilio de la fuerza pública ante riesgos inminentes, además de sancionar con severidad a miembros de la comunidad universitaria que participen en actos de violencia.
Tras los violentos hechos registrados en el marco de la reciente marcha de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), donde un grupo de estudiantes de la Universidad Católica (UC) sufrió graves agresiones físicas, la diputada Paz Charpentier (REP) solicitó al Ejecutivo otorgar suma urgencia a la tramitación de su proyecto de ley que regula la seguridad e integridad al interior de las instituciones de educación superior.
El llamado surge ante la proliferación de actos de violencia en los campus y la falta de acción oportuna por parte de las autoridades académicas. La propuesta parlamentaria toma fuerza además a raíz de graves antecedentes previos, como la agresión que sufrió la ministra Lincolao en la Universidad Austral y el ataque en contra de la diputada Javiera Rodríguez al interior de la propia Universidad Católica (UC). Al respecto, Charpentier señaló que «la violencia no puede seguir siendo tolerada ni normalizada en los espacios que están destinados al pensamiento y al desarrollo académico. Lo que vimos con los estudiantes de la UC en la marcha de la Confech es el reflejo de una desprotección que no podemos mantener. Las comunidades universitarias exigen y merecen estudiar en paz».
Sobre la iniciativa legislativa, la parlamentaria comentó que «este proyecto consagra una obligación mínima. No se le exige al directivo que resuelva por sí mismo la situación de riesgo, pero sí que active oportunamente los mecanismos institucionales de protección y resguardo, en lugar de ampararse en la inacción o en resquemores ideológicos». En caso de incumplimiento, la autoridad respectiva podrá quedar expuesta a las sanciones establecidas en la Ley N° 21.091, incluida la inhabilidad para ejercer cargos directivos o formar parte de una institución de educación superior, según corresponda.
Por otro lado, el proyecto propone sancionar directamente a quienes, siendo académicos, funcionarios o estudiantes de la respectiva institución de educación superior, participen como autores o cómplices en agresiones físicas contra personas, actos de intimidación grave o alteraciones sustanciales del servicio educativo.
Finalmente, la diputada Charpentier argumentó que «quienes forman parte de una comunidad universitaria y contribuyen activamente a la violencia o a la interrupción del quehacer académico, deben enfrentar consecuencias jurídicas proporcionales a la gravedad de su conducta. Solicitamos urgencia a esta iniciativa y que se legisle pensando en la seguridad de los estudiantes».
