Los parlamentarios del Partido de la Gente solicitarán información a Justicia, Gendarmería y Seguridad Pública sobre eventuales alertas por reclutamiento en recintos penitenciarios, ingreso de celulares, armas y drogas, bloqueo de comunicaciones y medidas adoptadas ante la presencia en Chile de la organización criminal brasileña.
Los diputados Tamara Ramírez (PDG) y Roberto Arroyo (PDG) solicitarán antecedentes a distintas instituciones luego de que la Fiscalía y la PDI informaran la desarticulación de una célula vinculada al Primeiro Comando da Capital (PCC) en Chile. La denominada Operación Sintonía 1533 dejó 20 detenidos, 13 de ellos ya privados de libertad, e incluyó allanamientos en nueve recintos penitenciarios. La investigación permitió además detectar mecanismos de reclutamiento, iniciación y “bautizo” de nuevos integrantes de la organización.
Ramírez, representante del Distrito 9 —que incluye Renca—, puso el foco en el vínculo informado por los investigadores entre la organización y Francisco Javier Rivera Galaz, prófugo por el homicidio del cabo segundo Alejandro Ortiz Vásquez ocurrido en esa comuna. “Lo que estamos conociendo es gravísimo, porque ya no estamos hablando solamente de delincuentes aislados, sino de una organización transnacional que habría estado reclutando personas incluso desde nuestras cárceles y que aparece vinculada a un prófugo por el asesinato de un carabinero en Renca. Necesitamos saber qué alertas existían, cuándo se conocieron y qué hizo el Estado para impedir que estas redes siguieran creciendo dentro y fuera de los recintos penitenciarios”, señaló.
En tanto, Arroyo planteó que los antecedentes obligan a revisar los mecanismos de control al interior de los establecimientos penitenciarios. “Si una organización de esta magnitud logra mantener vínculos, reclutar personas o coordinar actividades desde recintos penitenciarios, tenemos un problema que el Estado debe enfrentar con toda su capacidad. Queremos saber qué está ingresando a las cárceles, cuántos celulares, armas y drogas se están incautando, cómo están funcionando los sistemas de bloqueo de comunicaciones y qué protocolos existen para separar o trasladar a internos vinculados al crimen organizado”, afirmó.
Los requerimientos buscarán conocer las alertas existentes sobre presencia y reclutamiento del PCC en cárceles, los controles e incautaciones de celulares, armas y drogas, el funcionamiento de los sistemas de bloqueo de comunicaciones y los protocolos de segmentación y traslado de internos. También se pedirá información sobre la coordinación entre Justicia, Gendarmería, Seguridad Pública, policías y Ministerio Público, además de los antecedentes vinculados al crimen ocurrido en Renca y las medidas adoptadas posteriormente.
La investigación permitió incautar armas de fuego, municiones y droga y, según la Fiscalía, buscó intervenir tempranamente frente al intento de instalación de esta organización criminal en Chile. El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, advirtió que una reacción tardía podría haber permitido un nivel de expansión comparable al experimentado con otras organizaciones transnacionales.
