La parlamentaria cuestionó que una institución creada para enfrentar el crimen organizado opere con un déficit de recursos y emplazó al Gobierno a demostrar, en el Presupuesto 2027, que su compromiso con la seguridad se traduce en medidas concretas.
En el marco de la discusión del Presupuesto 2027, la diputada Nathalie Castillo (PC) solicitó al Gobierno considerar recursos suficientes para el correcto funcionamiento y despliegue de la Fiscalía Supraterritorial, organismo creado para enfrentar investigaciones vinculadas al crimen organizado y delitos de alta complejidad que exceden los límites de una región.
La parlamentaria planteó esta preocupación durante la reunión que sostuvo el pasado 16 de septiembre con el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. En ese tenor, Castillo relevó la importancia de que la nueva Fiscalía Supraterritorial cuente con los recursos necesarios para cumplir adecuadamente con sus funciones, considerando que su creación busca precisamente superar las limitaciones de una persecución penal organizada sobre la base de un solo territorio, permitiendo investigar estructuras, redes, patrimonio y mecanismos de financiamiento de organizaciones criminales.
La Fiscalía Supraterritorial fue creada mediante la Ley N°21.771, que establece una dotación de fiscales adjuntos y funcionarios de apoyo para dirigir investigaciones asociadas a delitos de crimen organizado o de alta complejidad, cuando los hechos comprendan a más de una región o tengan características transnacionales.
La preocupación planteada por la diputada se enmarca en un contexto donde el propio Ministerio Público informara ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados que durante 2026 debió cubrir cerca del 62,5% del funcionamiento de esta nueva fiscalía con recursos provenientes de otras áreas de la institución.
Para Castillo, estos antecedentes refuerzan la necesidad de que el Presupuesto 2027 contemple los recursos necesarios para consolidar el funcionamiento de la Fiscalía Supraterritorial y evitar que una herramienta creada para enfrentar nuevas formas de criminalidad opere con restricciones.
“Parte fundamental de la seguridad de la población es que una fiscalía que surge como respuesta del Estado frente al narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos u otras manifestaciones criminales, tenga todos los recursos para su funcionamiento. Por eso resulta preocupante que una institución que atiende la nueva realidad de la criminalidad nacional pueda tener dificultades para funcionar eficientemente. La discusión presupuestaria es una oportunidad para que el compromiso del Gobierno con la seguridad se traduzca en recursos y gestión concreta para fortalecer la persecución del crimen organizado, y que no haya quedado solo en un slogan de campaña”, señaló Castillo.
