El Mes de la Ciberseguridad llega en un contexto particularmente exigente para Chile. No se trata solo de conmemoraciones o campañas de concientización: el país enfrenta un escenario marcado por la discusión de leyes clave, como la eventual postergación de la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales hasta diciembre de 2027, y por amenazas crecientes que se intensifican con el avance de la Inteligencia Artificial.
La realidad es que los riesgos asociados al robo de información se han agudizado. Las herramientas de IA permiten ataques más veloces y sofisticados, reduciendo los tiempos de ejecución y aumentando la presión sobre las defensas corporativas. En este panorama, las organizaciones chilenas no pueden limitarse a esperar la protección que entreguen las normas: deben asumir que la seguridad es un proceso continuo y estratégico.
Los costos de no hacerlo son evidentes. Según el más reciente informe The State of Ransomware, presentado por Sophos, el precio promedio que pagan las empresas en Chile tras sufrir un secuestro de datos supera el millón de dólares. Una cifra que refleja no solo el impacto económico, sino también la vulnerabilidad de sectores críticos frente a ataques que comprometen la confianza y la continuidad operativa.
Por ello, este Mes de la Ciberseguridad debe ser más que un recordatorio simbólico. Es una oportunidad para que empresas, instituciones y usuarios refuercen una cultura preventiva, aceleren sus planes de protección y comprendan que la defensa de la información es hoy un factor esencial de competitividad y resiliencia.
