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El supuesto “sobrepeso” del EstadoEduardo Pastene Azola Presidente Unión de Funcionarios Municipales de Chile (UFEMUCH)

Los equipos intervinieron el sector adyacente a la planta y al emisario, sumándose a una jornada territorial que permitió retirar más de una tonelada de residuos en la bahía de Quintero y Puchuncaví.

El debate sobre el Presupuesto 2027 merece más rigor que una receta para adelgazar al Estado. La propuesta del presidente José Antonio Kast, que contempla un crecimiento del gasto fiscal de 1,5%, exige discutir prioridades, capacidades institucionales y necesidades ciudadanas. Reducir esa discusión a cuántos funcionarios pueden eliminarse empobrece el debate y oculta las consecuencias de esas decisiones.

Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario, ha propuesto un “Ozempic para el Estado”, cuestionando su “sobrepeso en materia administrativa” y aludiendo a “empleos inútiles”. La metáfora podrá resultar ingeniosa para un titular, pero es profundamente injusta con quienes sostienen cotidianamente los servicios públicos. Antes de declarar inútil un empleo, corresponde conocer sus funciones y demostrar por qué serían prescindibles.

Desde la Confederación UFEMUCH conocemos el valor del trabajo municipal, tanto del que se realiza en terreno como del que permite organizarlo, financiarlo y controlarlo. Detrás de la recolección de residuos hay planificación, adquisiciones y gestión de contratos. Detrás de una obra hay proyectos, licitaciones, estados de pago y rendiciones. Detrás de una ayuda social hay atención, revisión de antecedentes y seguimiento. Esa labor suele hacerse visible cuando falla. Mientras funciona, algunos parecen creer que ocurre por sí sola.

Si el problema es el gasto político, discutamos el gasto político. Identifiquemos asesorías sin resultados, contrataciones injustificadas y cargos creados para satisfacer compromisos partidarios. Exijamos responsabilidades a las autoridades que adoptan esas decisiones. Confundir tales prácticas con el trabajo funcionario, permite que quienes administran el poder desplacen sus propias responsabilidades hacia los trabajadores.

La dignidad del trabajo público merece respeto. Y el debate sobre su futuro merece argumentos, no recetas publicitarias.

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