Los parlamentarios demandaron medidas concretas para proteger a los funcionarios, especialmente en comunas rurales del Biobío y recuperar el respeto a su autoridad. Advirtieron que el respaldo a Carabineros debe traducirse en hechos.
La bancada PDG anunció que exigirá al Ejecutivo y a la Dirección de Carabineros medidas concretas para fortalecer la dotación, el equipamiento y la capacidad operativa policial en las comunas rurales, tras la muerte del sargento segundo Jaime Ariel Urrea Burgos durante un procedimiento por violencia intrafamiliar en Quilleco, región del Biobío.
Los parlamentarios expresaron sus condolencias a la familia del funcionario y a la institución, pero recalcaron que las muertes de carabineros en cumplimiento de su deber requieren una respuesta que vaya más allá de las declaraciones y garantice condiciones efectivas de protección.
La diputada Lilian Betancurt, representante del distrito 21, al que pertenece Quilleco, sostuvo que impulsarán estas exigencias desde el Congreso, con especial atención a las condiciones en que trabajan los funcionarios en los territorios rurales.
“Lo ocurrido en Quilleco es gravísimo y no puede quedar solo en condolencias. Un carabinero perdió la vida mientras cumplía con su deber y acudía a proteger a una víctima de violencia intrafamiliar. Desde el Congreso vamos a exigir al Ejecutivo y a la Dirección de Carabineros medidas concretas para fortalecer la dotación, el equipamiento y la capacidad operativa en las comunas rurales”, afirmó.
La parlamentaria enfatizó que el lugar donde un funcionario presta servicio no puede determinar sus condiciones de protección. “No puede haber carabineros de primera y segunda categoría dependiendo del lugar donde presten servicio. La seguridad de quienes nos protegen también debe ser una prioridad del Estado”, sostuvo.
Por su parte, el diputado Patricio Briones, representante del distrito 20 de la región del Biobío, llamó al Gobierno a entregar una respuesta firme ante los ataques contra funcionarios policiales y a construir un respaldo transversal a la institución.
“El Ejecutivo tiene que ya tomar acciones con un mensaje concreto, dejar de lado un poco las trincheras políticas y dar una señal de dureza, una señal de integridad principalmente y de un apoyo irrestricto a una institución que realmente la está pasando mal”, expresó.
Briones también exigió una condena transversal al asesinato y llamó a las autoridades a realizar una profunda reflexión respecto del cuidado, la prevención y el restablecimiento del respeto hacia quienes protegen el Estado de Derecho y a la ciudadanía.
En la misma línea, el diputado Roberto Arroyo advirtió que la violencia contra Carabineros no puede normalizarse y que proteger a sus funcionarios es también resguardar a las familias que necesitan su ayuda.
“Estamos comenzando una nueva semana con un carabinero muerto mientras cumplía su deber, mientras acudía a proteger a una familia y a responder a un llamado de auxilio. Esto no puede convertirse en algo normal”, señaló.
Arroyo insistió en que el respaldo debe expresarse en herramientas y condiciones que permitan a los funcionarios cumplir su trabajo con seguridad. “Necesitamos recuperar el respeto por la autoridad, respaldar a nuestros carabineros con hechos y entregarles todas las herramientas para que puedan cumplir su labor y volver sanos a sus hogares”, afirmó.
Finalmente, la bancada PDG exigió que el crimen del sargento segundo Jaime Ariel Urrea Burgos no quede impune y que el responsable enfrente todo el rigor de la ley. Los parlamentarios recalcaron que cada nueva muerte en servicio obliga al Estado a responder con acciones como reforzar la protección policial, atender las necesidades de las comunas rurales y resguardar el ejercicio de la autoridad de Carabineros.
