El exbrigadista de CONAF reconoció haber participado en incendios anteriores y relató una llamada recibida cerca de las 11:50 horas del 2 de febrero, en la que participaron otros dos imputados. Para el abogado Felipe Olea, los antecedentes conocidos durante el juicio refuerzan la necesidad de esclarecer todas las responsabilidades detrás de la tragedia y no limitar la investigación a sus autores materiales.
El juicio contra los nueve imputados por el megaincendio del 2 de febrero en Viña del Mar y Quilpué, se retomó este lunes con la declaración del acusado Franco Pinto, exbrigadista y funcionario de CONAF que se desempeñaba como conductor de un vehículo de combate de incendios.
Si bien durante la primera jornada de este esperado juicio, que se realizó el pasado viernes, pudo ingresar la prensa, en esta oportunidad, el Tribunal resolvió cerrar la transmisión en vivo, y tanto el público como los medios de comunicación quedaron excluidos durante la declaración del imputado.
Vínculos entre los imputados
Durante su declaración, Pinto abordó su relación con otros acusados, reconoció haber participado anteriormente en la generación de incendios de menor magnitud y entregó antecedentes sobre un llamado que recibió el 2 de febrero de 2024, mientras comenzaban a registrarse los primeros focos del megaincendio, que recordemos, cobró 138 vidas y miles de damnificados. Sin embargo, negó haber participado en el desarrollo del siniestro, descartando también la conformación de una asociación ilícita.
En detalle, Pinto confirmó que cerca de las 11:50 del 2 de febrero, recibió una llamada de Francisco Mondaca, donde también partició Elías Salazar y se le indicó que se preparara ante la llegada del incendio. Pinto explicó que en ese momento se encontraba con el vehículo a su cargo inoperativo, por lo que no podía salir a combatir un siniestro.
El acusado también señaló que mantenía conversaciones con Salazar en las que ambos hablaban sobre distintos incendios y, según su relato, en algunas ocasiones se atribuían la generación de determinados focos. Durante la audiencia, Pinto también reconoció haber participado anteriormente en incendios de menor magnitud y señaló que en algunas oportunidades actuó motivado por la adrenalina. En ese contexto, afirmó que conocía el mecanismo utilizado para generar el fuego y que había conversado sobre ello con otros funcionarios.
Posible conocimiento de CONAF
Otro de los antecedentes abordados durante el interrogatorio fue una solicitud que, según Pinto, recibió de parte de otro funcionario de CONAF entre 2022 y 2023 para generar un incendio con el objetivo de provocar una alerta roja y, de esa manera, generar horas extraordinarias. El imputado aseguró que no accedió a dicha petición.
Pinto también se refirió a la existencia de conversaciones entre integrantes de brigadas y al uso de cigarrillos y fósforos para confeccionar elementos destinados a iniciar incendios. Según su declaración, en una oportunidad le dejaron cigarrillos en su casillero como una eventual incitación para que provocara un incendio, pero aseguró que tampoco realizó ningún foco en esa ocasión.
La audiencia también permitió abordar la respuesta registrada durante las primeras horas del megaincendio. A partir de su experiencia como brigadista, Pinto fue consultado respecto del tiempo de reacción ante una emergencia de estas características y señaló que, a su juicio, la respuesta del 2 de febrero fue tardía. Según su relato, después de que las torres de vigilancia alertaran sobre la propagación del incendio, las aeronaves habrían tardado alrededor de 15 minutos en llegar al lugar, tiempo que calificó como inusual.
Otras responsabilidades
Para el abogado Felipe Olea, representante de familiares de más de 60 víctimas de la tragedia, la declaración de Pinto vuelve a evidenciar que el juicio debe ser entendido como parte de una investigación más amplia: “Se ha comenzado a hacer justicia, pero este juicio es contra nueve autores materiales. Aquí todavía faltan los autores intelectuales, las autoridades y las personas que, por negligencia, falta de diligencia o eventualmente con una intención positiva de hacer daño, permitieron que el incendio creciera y terminara provocando la muerte de 138 personas”, sostuvo.
El jurista enfatizó que los nueve imputados deben responder por los incendios que se les atribuyen, pero cuestionó que sean responsabilizados exclusivamente por el resultado fatal de la emergencia: “Yo no estoy defendiendo la inocencia de estas personas. Ellos cometieron el delito de provocar incendios y tienen que responder por eso. Pero una cosa distinta es hacerlos responsables de los homicidios, porque el incendio comenzó aproximadamente seis horas antes y recorrió más de 30 kilómetros. Hubo tiempo para que los sistemas de emergencia actuaran”, afirmó Olea, quien calificó como “cortar el hilo por lo más delgado” atribuir toda la responsabilidad de la tragedia únicamente a los autores materiales.
En esa línea, Olea sostuvo que la investigación debe avanzar hacia las eventuales responsabilidades de quienes participaron en la prevención y respuesta frente a la emergencia, pues “la justicia tiene que llegar a todos los responsables. No puede terminar en los nueve imputados. Tenemos que saber qué pasó antes y durante esas horas, por qué los sistemas de emergencia no funcionaron como correspondía y quiénes tomaron las decisiones que permitieron que esto terminara en una tragedia de esta magnitud”, señaló. El abogado insistió además en que el objetivo de las familias es que se establezca la responsabilidad de todos quienes correspondan y que el Estado responda por las consecuencias de la tragedia.
