Luego del trágico asesinato del sargento 2° Jaime Ariel Urrea Burgos —quien tras 18 años de servicio en Carabineros perdió la vida al ser baleado en un procedimiento por violencia intrafamiliar en Quilleco—, la parlamentaria Lilian Betancurt anunció una ofensiva fiscalizadora dirigida al Ministerio de Seguridad Pública y a la Dirección General de Carabineros.
La parlamentaria exigió un informe detallado para determinar si los retenes y destacamentos policiales de las zonas rurales del país cuentan con la dotación, elementos de protección, armamento, vehículos, sistemas de comunicación y capacidad de respuesta necesarios para enfrentar emergencias de alto riesgo.
“Lo ocurrido con el sargento Jaime Urrea es gravísimo y no puede quedar solamente en condolencias. Estamos hablando de un funcionario con casi dos décadas de servicio que entregó su vida protegiendo a una víctima. El país necesita saber con urgencia en qué condiciones extremas están trabajando nuestros carabineros en los sectores rurales”, enfatizó Betancurt.
La legisladora alertó sobre la preocupante brecha de recursos y personal que sufren las comunas alejadas en comparación con los grandes centros urbanos, advirtiendo un abandono institucional en la seguridad rural.
“No puede haber carabineros de primera y segunda categoría dependiendo del lugar donde les corresponda servir. Si existen falencias estructurales en comunas como Quilleco, el Estado tiene la obligación legal y moral de corregirlas de inmediato. Vamos a exigir medidas concretas, mayor equipamiento y capacidad operativa real para quienes diariamente arriesgan su vida por la seguridad de los vecinos”, concluyó la diputada.
