El peritaje judicial elaborado en la Población El Olivar de Viña del Mar, tras el cuestionamiento a la calidad constructiva de las viviendas levantadas en la zona afectada por el megaincendio de 2024, por parte de la Constructora San Sebastián, ha derivado en un nuevo enfrentamiento entre el Ministerio de la Vivienda, la empresa que realizó las obras y las familias que se oponen a la demolición de dichas casas.
El documento elaborado por el perito Jaime Berríos Pozas, para el 2° Juzgado Civil de Valparaíso, concluyó que no se detectaron fallas en la construcción de las casas atribuibles a la Constructora San Sebastián, puntualizando que los problemas son de diseño y cálculo estructural.
En el texto se precisa que las irregularidades en los terrenos podrían ser superadas gracias a un reforzamiento, y lo más importante, recomienda no demoler las viviendas destinadas a los damnificados.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), respaldado por el ministro Iván Poduje y el seremi regional Marcelo Ruiz, rechazó tajantemente las conclusiones del informe y defendió la decisión de demoler.
La autoridad argumenta que el perito judicial no examinó la ingeniería ni las memorias de cálculo estructural del proyecto. Se mantienen vigentes los informes técnicos previos del IDIEM de la Universidad de Chile, los cuales acreditaron fallas graves que impiden garantizar la seguridad de las viviendas, tales como deformaciones excesivas y el incumplimiento de normas sísmicas y de resistencia al fuego. Además acusan un uso irregular de paneles del sistema Fastwork (diseñados para un solo piso) en viviendas pareadas de dos niveles.
Para la Constructora San Sebastián, este peritaje representa un respaldo clave a su defensa, argumentando que ellos se limitaron a ejecutar fielmente lo estipulado en los planos oficiales autorizados por el Estado.
Recordemos que el conflicto mantiene aristas judiciales con querellas en contra del ministro Poduje presentadas por entidades patrocinantes y comités de vecinos que se oponen a las demoliciones, acusando prevaricación y destrucción innecesaria de patrimonio público.
El escenario actual deja la reconstrucción de El Olivar en una completa encrucijada jurídica y administrativa, manteniendo las obras paralizadas mientras los tribunales determinan el veredicto definitivo sobre el destino de los inmuebles.
Érika Maira, abogada de Social Arquitectura, indicó: “el peritaje ratifica que no hay fallas constructivas y que las observaciones que pudiese haber respecto de otros aspectos del proyecto habitacional deben ser subsanadas de acuerdo a lo establecido en los propios contratos suscritos entre las partes y según la normativa vigente. Es más, dice que pueden efectivamente subsanarse».
Destaca que «el informe ratifica que no es necesaria ni justificada la demolición de las viviendas como sostiene el ministro de Vivienda y el Serviu. Cualquier puede y debe ser subsanada de acuerdo a los contratos que así lo establecían. El informe también pone de relevancia el daño que están sufriendo las propiedades de las familias producto del abandono, vandalismo y robos a las que han quedado expuestas gracias a la decisión arbitraria del ministro de Vivienda y Urbanismo de paralizar su reconstrucción el 24 de marzo del 2026. En definitiva, la demolición es innecesaria y la que se está llevando a cabo actualmente en las viviendas de El Olivar es además ilegal”.
EL PERITAJE
La diputada y miembro de la Comisión de Vivienda, Ana María Gazmuri, se refirió al informe pericial del Segundo Juzgado Civil de Valparaíso, sobre las casas de la constructora San Sebastián en El Olivar y que el Ministro Poduje insiste en demoler: «el peritaje de El Olivar confirma lo que advertimos insistentemente desde el comienzo: paralizar indefinidamente las obras y avanzar hacia su demolición no era la única alternativa ni era necesario. El informe establece que las principales anomalías correspondían al diseño aprobado por SERVIU, que las observaciones de ejecución eran subsanables y que la constructora ejecutó el proyecto conforme a lo aprobado».
Agrega «¿Por qué el ministro Poduje no escuchó? Mientras el ministro defendía la paralización y la demolición como si fueran el único camino, mientras el ministro nos atacaba, como diputación pedíamos, responsablemente, revisar los antecedentes y buscar soluciones que permitieran reconstruir sin volver a perjudicar a las familias de El Olivar».
«Hoy un peritaje judicial pone esos antecedentes sobre la mesa y nos da la razón. Las familias no necesitaban una disputa política: necesitaban que se buscara una solución y que se reconstruyera con la premura necesaria”, concluye la parlamentaria.
RESPUESTA DEL MINVU VALPARAÍSO
Respecto del informe pericial de fecha 04 de octubre de 2026 en la causa Rol C-1114-2026 del 2° Juzgado Civil de Valparaíso, medida prejudicial promovida por Constructora San Sebastián Limitada, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informa a la opinión pública y a las familias de El Olivar lo siguiente:
1. El Ministerio rechaza las conclusiones del peritaje. El informe reconoce que “las anomalías detectadas provienen del diseño, cálculo estructural y formulación del Proyecto”, pero declara que “la revisión de la ingeniería y memoria de cálculo no forma parte de esta pericia”. Sin ese examen, carece de base técnica para sostener que las viviendas son seguras o que sus defectos son subsanables.
2. Las viviendas no cumplen la normativa sísmica. Así lo acreditan los informes N° 2.178.944, 2.178.944-1 y 2.178.944-2 del IDIEM de la Universidad de Chile: en las tres tipologías las deformaciones de entrepiso exceden el límite normativo y existen elementos estructurales exigidos hasta 14 veces por sobre su capacidad admisible.
3. Los paneles se usaron fuera de su certificación. El sistema Fastwork fue aprobado por DITEC solo para viviendas aisladas de un piso y aquí se proyectó como sistema sismorresistente en viviendas pareadas de dos pisos, con una memoria de cálculo que omitió el factor de seguridad exigido por el propio fabricante. El panel alternativo que invoca el perito carece de ensayos estructurales conforme a NCh806, por lo que no puede emplearse.
4. La resistencia al fuego no está acreditada. Contra lo afirmado por el perito, IDIEM concluye que en ninguna tipología las vigas de acero, la losa colaborante y la techumbre acreditan la resistencia F-15 exigida por la OGUC, y que en la tipología A1 el muro medianero y sus columnas no acreditan F-60.
5. Las modificaciones de obra alteraron la estructura sin validación. El reemplazo de paneles por muros Metalcon en ejes divisorios, constatado en terreno por DITEC, altera el sistema sismorresistente y deja sin respaldo las acreditaciones de fuego y acústica. El peritaje tampoco acompaña validación de la ingeniera calculista para el corte de una viga ni para el cambio de placa colaborante. Una anotación en el libro de obras o la expresión “o similar” no sustituyen la verificación estructural.
6. El Ministerio no rebajará los estándares de seguridad. Las familias de El Olivar, damnificadas por el incendio de febrero de 2024, tienen derecho a viviendas seguras y el Estado tiene el deber ineludible de garantizarlo.
Reiteramos a toda la ciudadanía que los informes de IDIEM están disponibles en https://www.minvu.gob.cl/informes-idiem-viviendas-reconstruccion-el-olivar/
Marcelo Ruiz, seremi de vivienda en la Región de Valparaíso.
Diputado Héctor Ulloa, integrante de la comisión de vivienda, tras informe técnico que no justifica demolición de viviendas El Olivar: “El informe pericial conocido hoy, en el marco de la causa que se tramita ante el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso, señala que las obras de El Olivar presentaban errores, pero que estos podían subsanarse y no justificaban la demolición. Si ese antecedente se confirma, estamos frente a una situación de enorme gravedad».
Agrega que «aquí se puso en juego el sueño de muchas familias que estaban a punto de recibir su vivienda. En su momento, advertimos las dudas sobre las presiones que habrían recibido profesionales del Serviu para respaldar las órdenes de demolición y oficiamos a la Contraloría junto a otros parlamentarios de la Comisión de Vivienda».
«Esperamos que la Contraloría revise estos antecedentes y responda a lo que planteamos. No se puede justificar una decisión de esta magnitud sin esclarecer cómo se tomó y quiénes fueron responsables. Las familias merecen respuestas y, sobre todo, que se resguarde su derecho a tener una vivienda propia”, concluyó.
Declaración pública: Entidad Patrocinante Social Arquitectura
Con respecto al informe pericial emitido en el marco de la causa “Constructora San Sebastián Limitada con Servicio de vivienda y Urbanización SERVIU V Región”, rol N° C-1114-2026, del Segundo Juzgado Civil de Valparaíso, señalamos que:
Los doce proyectos de reconstrucción diseñados por Entidad Patrocinante Social Arquitectura y llevados a cabo por Constructora San Sebastián en el sector de El Olivar fueron objeto de un largo proceso de calificación definitiva por parte del Serviu Valparaíso en el transcurso de 2025, el cual derivó en la aprobación del diseño, cálculo estructural y formulación de los proyectos habitacionales, lo que permitió el inicio de las obras de construcción.
Tal como señala el informe pericial, las eventuales observaciones al diseño del proyecto, que fueron informadas con posterioridad a la paralización de las obras, pueden ser subsanadas y no ameritan ni justifican la demolición de las viviendas, algunas de las cuales se encuentran construidas en un 100%. Esta subsanación está contemplada en las cláusulas incluidas en el propio contrato aprobado por el Serviu y en la legislación y reglamentos vigentes.
El informe pericial no detecta fallas constructivas. Los cambios de materiales incorporados durante la fase de construcción del proyecto por falta de stock fueron debidamente justificados y aprobados por el Serviu, e incorporados en los libros de obra, por lo que tampoco ameritan la decisión de paralizar y demoler las viviendas.
La paralización y abandono forzado de las obras de construcción por orden del Serviu ha derivado en la vandalización, robos y deterioro de las viviendas, lo cual ha acrecentado el daño de las propiedades y la angustia de las familias beneficiarias
Tal como hemos sostenido desde el 24 de marzo de 2026, si el ministro Iván Poduje hubiese respetado los contratos legalmente suscritos entre las partes (entidad patrocinante, empresa constructora y familias), la Ley General de Urbanismo y Construcción, su Ordenanza, la Resolución 1875 y el DS 63 del MINVU, cualquier observación a los proyectos hubiese sido subsanada en tiempo y forma, y una parte importante de las familias ya habría recibido sus viviendas en pleno cumplimiento de las normas constructivas vigentes.