Los diputados Fabián Ossandón y Roberto Arroyo llevarán el tema a la subcomisión de Salud de Presupuesto para exigir que se asegure la continuidad de los tratamientos y la atención de nuevos pacientes durante 2027.
La bancada PDG detectó un recorte de más de $28 mil millones a los recursos destinados a la Ley Ricarte Soto en el proyecto de Presupuesto 2027 y exigió al Gobierno garantías por escrito de que ningún paciente perderá su cobertura. Los diputados Fabián Ossandón y Roberto Arroyo anunciaron que llevarán este requerimiento a la subcomisión de Salud de Presupuestos, donde solicitarán los fundamentos técnicos de la reducción y compromisos formales para proteger a las familias que dependen de estos diagnósticos y tratamientos de alto costo.
El diputado por la Región de Antofagasta, Fabián Ossandón, afirmó que la bancada defenderá estos recursos durante la discusión presupuestaria, poniendo el foco en la protección de la clase media y de las familias que no pueden financiar por sí solas estas prestaciones. “Vamos a pedir el compromiso para que el año 2027 ningún paciente quede sin su cobertura. Y de igual manera, vamos a pedir que se nos garantice que los nuevos pacientes puedan ser atendidos”, recalcó.
Para Ossandón, la discusión presupuestaria debe entregar certezas a quienes dependen de esta protección para enfrentar su enfermedad. “Las palabras se las lleva el viento. Y por supuesto que desde el rol que cumplimos como bancada del PDG, vamos a solicitar por escrito que se garanticen estos recursos para el año 2027. Que si este recorte es un tecnicismo, que quede fundamentado por escrito como debe ser”, enfatizó.
El parlamentario recalcó que la subcomisión de Salud de Presupuestos será la instancia para revisar los antecedentes y exigir compromisos al Ejecutivo, con la atención de los pacientes como prioridad. “En salud, la responsabilidad fiscal no puede significar recortes”, sostuvo.
Por su parte, Roberto Arroyo advirtió que las consecuencias de una enfermedad también recaen sobre quienes deben asumir el cuidado de un familiar, afectando sus posibilidades de trabajar y sostener los ingresos del hogar. “La Ley Ricarte Soto nace históricamente justamente para que las familias puedan enfrentar las enfermedades de alto costo. Y cualquier reducción que pueda tener esta ley, obviamente va a afectar a las personas”, afirmó.
Los diputados reafirmaron que la bancada PDG defenderá estos recursos en la tramitación del Presupuesto 2027 y exigirá garantías por escrito sobre la continuidad de las prestaciones y la atención de nuevos pacientes.