La solicitud de sobreseimiento definitivo presentada por la propia Fiscalía, puso fin a cuatro años de proceso judicial contra una madre y su hijo, acusados de tráfico de cannabis en pequeñas cantidades.
Tras cuatro años de proceso judicial, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo de Camilo Valenzuela y su madre, Rosemarie Saavedra, imputados por tráfico de pequeñas cantidades de cannabis. La parlamentaria, quien fue citada como testigo clave de la defensa en el juicio oral realizado en Viña del Mar, llamó a terminar con la estigmatización de quienes utilizan cannabis con fines medicinales.
La diputada Ana María Gazmuri acudió este viernes como testigo de la defensa en el juicio oral contra Camilo Sebastián Valenzuela Saavedra y su madre, Rosemarie Saavedra Rioseco, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar. La causa, enmarcada en la aplicación de la Ley 20.000, se originó por una denuncia y posterior imputación por tráfico de pequeñas cantidades de cannabis, mientras que la defensa sostuvo que la sustancia incautada estaba destinada al uso personal y medicinal.
Tras cuatro años de proceso judicial, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo de ambos, Camilo y Rosemary, al considerar que los antecedentes no permitían configurar el delito imputado. La decisión fue valorada por la parlamentaria y la familia.
“Estamos muy emocionados. Tuvieron que pasar cuatro años para que fuera la propia Fiscalía quien pidiera el sobreseimiento, porque los antecedentes que había no configuraban ningún delito”, señaló Gazmuri.
La diputada destacó que el caso constituye un hecho inédito dentro de su experiencia acompañando procesos vinculados al uso de cannabis y la Ley 20.000, ya que la Fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo antes que fuera necesario desarrollar todas las etapas del juicio oral y reconoció que existía no sólo un uso medicinal por parte de Rosemarie sino que también uso personal, exclusivo y próximo en el tiempo para el caso de Camilo. Gazmuri había sido citada como testigo de la defensa, pero finalmente no tuvo que declarar.
“Es primera vez que nos encontramos con que, el día de la audiencia, es la propia Fiscalía la que pide el sobreseimiento de los imputados. En este caso, se trataba de una madre y su hijo, uno con uso medicinal y otro con uso personal”, explicó.
La parlamentaria sostuvo que la resolución reconoce que el uso personal y medicinal del cannabis no es punible en nuestro país, cuya ley de drogas, lo que persigue, es el tráfico. “Esto nos parece un gran avance, porque es importante actualizarse según la normativa que hoy nos rige y evitar que el desconocimiento termine llevando a juicio a personas respecto de las cuales no existe ningún elemento que permita configurar tráfico. Aquí se respetó el criterio señalado por la sentencia rol 14.146-202 del Tribunal Constitucional, del año 2023 ”, afirmó.
Rosemarie Saavedra manifestó su alegría por la resolución, aunque reconoció el desgaste que significaron estos años. “Fueron torturadores. Me desgasté bastante, pero todo salió bien”, expresó.
Por su parte, Camilo Valenzuela sostuvo que el resultado tiene una dimensión que trasciende su caso particular, al considerar que contribuye a visibilizar la situación de otras personas que utilizan cannabis con fines medicinales y para uso personal.
“Ha habido un avance en este tema de estigmatizar también a los usuarios medicinales. En otros casos, las consecuencias personales y familiares han sido muy altas, incluso con vidas de otros compañeros cultivadores afectadas. Hoy se marca un precedente en este tipo de juicios, porque somos usuarios medicinales, no narcotraficantes”, afirmó.
Gazmuri: “El autocultivo es una lucha activa contra el narcotráfico”
La parlamentaria puso énfasis en la necesidad de distinguir entre el uso personal y medicinal del cannabis y las actividades de narcotráfico, planteando que la persecución penal debe considerar las circunstancias y los antecedentes específicos de cada caso.
“Los pacientes y los usuarios no son delincuentes. Concentremos la fuerza persecutoria en quienes realmente delinquen en el narcotráfico. Cada persona que cultiva cannabis para su uso personal está luchando activamente contra el narcotráfico, al no alimentar sus redes. Eso es lo que aquí tenemos que tener clarísimo: el autocultivo es lucha activa contra el narcotráfico”, sostuvo.
Gazmuri advirtió que la persecución de usuarios personales y medicinales también implica un uso ineficiente de los recursos públicos, al distraer a policías y fiscalías de la investigación del crimen organizado. “Hoy la inmensa mayoría de las causas por Ley 20.000 siguen siendo contra personas usuarias. Tenemos un despilfarro de recursos públicos y fuerzas persecutoras distraídas, mientras enfrentamos un problema real de crimen organizado. Despejar esos recursos y respetar a la ciudadanía que, actuando bajo el amparo de la ley, hace uso del cannabis, es fundamental”, señaló.
La diputada también agradeció el permanente compromiso de la Defensoria Penal Pública, y en particular a Marianela Gatica, y llamó a que la Fiscalía revise sus criterios y desista de perseverar en causas similares, cuando no existan antecedentes que acrediten tráfico.
“Esperamos que esto sea una señal para que la Fiscalía desista en tantos otros casos parecidos, en los que no hay ningún elemento que permita considerar que se configura el tráfico, sino únicamente la tenencia de cannabis o de plantas destinadas al uso personal o medicinal”, afirmó.
Gazmuri hizo un llamado a evitar que pacientes y usuarios deban atravesar procesos judiciales prolongados y traumáticos. “Esperemos que esto marque una nueva etapa y que tantas otras personas que han vivido estos difíciles y traumatizantes procesos puedan evitar tener que atravesar una situación como la que enfrentaron Rosemarie y Camilo”, señaló.
Para la diputada, el caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de distinguir a quienes cultivan por razones terapéuticas o para consumo personal, de quienes lo hacen con fines de tráfico, evitando la estigmatización de pacientes, usuarios y cultivadores.
