Tras el reciente fallecimiento de un trabajador de la planta minera Nueva California, en Illapel, las diputadas Paula Olmos y Tamara Ramírez exigieron esclarecer las causas de los accidentes en las faenas mineras, reforzar la fiscalización y establecer plazos concretos para entregar respuestas a las familias.
Qué está ocurriendo con los protocolos de seguridad y cómo se cumplen en terreno es el cuestionamiento que planteó la bancada PDG ante cinco accidentes mineros que dejaron seis trabajadores fallecidos en los últimos 21 días. Las parlamentarias advirtieron que las investigaciones deben traducirse en medidas efectivas para proteger a quienes continúan trabajando en las faenas.
Paula Olmos, representante del Distrito 4 de Atacama e integrante de la Comisión de Minería y Energía, cuestionó la distancia entre los procedimientos establecidos y la protección efectiva en terreno. “¿De qué sirven tantos protocolos de seguridad si seguimos perdiendo vidas?”, planteó.
Desde la Comisión de Trabajo, Tamara Ramírez abordó la necesidad de revisar las condiciones en que se desarrollaban las labores en cada caso. “La seguidilla de accidentes en la minería, con seis trabajadores fallecidos en los últimos 21 días, exige esclarecer qué está pasando con los protocolos de seguridad y cómo se están aplicando en las faenas. Las tragedias recientes, incluidas las de El Teniente e Illapel, hacen urgente investigar las condiciones en que se desarrollaban las labores, establecer eventuales responsabilidades y entregar respuestas oportunas a las familias”, afirmó.
Respecto del seguimiento de las investigaciones, Olmos comprometió su labor fiscalizadora para que las indagatorias permitan conocer las causas de los hechos y corregir los riesgos detectados. “Como integrante de la Comisión de Minería y Energía, exigiré que se investigue a fondo lo ocurrido, que se establezcan responsabilidades y, sobre todo, que existan plazos concretos para entregar respuestas y resultados. Porque las investigaciones no pueden prolongarse indefinidamente mientras la familia espera justicia y los trabajadores siguen expuestos a riesgos”, sostuvo.
Ramírez puso especial atención en la protección de quienes trabajan bajo distintas modalidades de contratación. “Desde la Comisión de Trabajo, el foco está en que el derecho a trabajar en condiciones seguras se cumpla efectivamente, tanto para trabajadores directos como contratistas. Se requiere una fiscalización que permita detectar y corregir riesgos antes de que ocurra otra tragedia, junto con investigaciones con plazos concretos y medidas que protejan a quienes siguen trabajando. Ninguna meta productiva puede estar por encima de la vida de un trabajador”, expresó.
Finalmente, Olmos advirtió que la prevención debe traducirse en acciones antes de que ocurran nuevos accidentes. “No podemos seguir reaccionando cuando los trabajadores ya están muertos. Necesitamos responsabilidades, respuestas oportunas y medidas efectivas para evitar nuevas tragedias. La vida de un trabajador no puede seguir siendo el costo de las fallas en seguridad”, concluyó.
