En contra de la idea de suspender cinco años la ley N°21.643 se mostró la autora de la investigación periodística «Se acata pero no se cumple. Los claroscuros de la Ley Karin».
La periodista Sandra Reyes León afirmó que «la revisión estructural, vía administrativa o legal, no puede interpretarse como una oportunidad para promover dejarla sin efecto de manera transitoria».
La moción ingresada el 5 de agosto pasado se encuentra en primer trámite constitucional en la Comsión de Trabajo y Previsión de la Cámara de Diputados, y fue presentada por siete parlamentarios (6 hombres y 1 mujer), entre ellos, uno del Partido de la Gente, cuatro del Partido Nacional Libertario, uno de Independientes y uno del Partido Republicano.
Ajustes para el segundo semestre
El 13 de junio pasado se anunció que «los ajustes, que el Ministerio del Trabajo prevé implementar durante el segundo semestre de 2026, se centran en revisiones administrativas: incorporar criterios más claros para el análisis inicial de denuncias, fortalecer mecanismos de orientación temprana, revisar formalidades que generan rigideces innecesarias, y mejorar la claridad de obligaciones para empleadores, trabajadores y la Dirección del Trabajo. Rosende enfatiza que estos cambios serán vía reglamentaria, aunque advierte que «si el análisis técnico muestra que alguna materia requiere ley, se evaluará en su momento».
Luego, el 12 de agosto, trascendió que el cambio más relevante, apunta al inicio del procedimiento. Hoy, la normativa no permite control de admisibilidad de las denuncias.
De acuerdo al borrador que se filtró a la prensa, la Dirección del Trabajo deberá revisar si la denuncia cumple con los requisitos establecidos en la normativa, si la relación laboral continúa vigente y si los hechos denunciados corresponden a situaciones contempladas por la Ley Karin.
Propuestas del Libro
La autora de la investigación periodística «Se acata pero no se cumple. Los claroscuros de la Ley Karin», precisó que en su libro publicado el 30 de julio pasado, en las conclusiones planteó que «la falta de control de admisibilidad en la ley y en su reglamento debe subsanarse con su pronta incorporación al Decreto 21».
Agregó que «si realmente se considera que uno de los pilares es la prevención, también urge instaurar un sistema de mediación voluntaria previa o mecanismos alternativos de resolución de conflictos en el ámbito del acoso laboral, para fortalecer la cultura del diálogo».
