El fallecimiento de un trabajador en la mina Aguilucho se suma a la tragedia de ayer en Illapel y eleva a siete las víctimas fatales en los últimos 22 días. Las diputadas Paula Olmos y Tamara Ramírez cuestionaron la aplicación de los protocolos de seguridad y exigieron responsabilidades y respuestas oportunas.
Una nueva muerte en la minería vuelve a encender las alertas sobre la seguridad de los trabajadores. Tras el accidente fatal registrado este miércoles en la mina Aguilucho, en Taltal, el recuento de las últimas semanas alcanza siete fallecidos en seis accidentes entre septiembre y octubre. Frente a esta seguidilla, la bancada PDG exigió esclarecer qué está ocurriendo con los protocolos de seguridad y cómo se están cumpliendo en terreno.
Según el reporte preliminar de Senapred, el trabajador fallecido operaba un bulldozer de la empresa Santa Elvira y sufrió un desbarrancamiento de aproximadamente 50 metros. El hecho ocurre apenas un día después de la muerte de un trabajador en la planta minera Nueva California, en Illapel, y se suma a los dos fallecimientos registrados el domingo en El Teniente. Son cuatro vidas perdidas desde el domingo.
Paula Olmos, representante del Distrito 4 de Atacama e integrante de la Comisión de Minería y Energía, cuestionó la distancia entre los procedimientos establecidos y la protección efectiva en terreno. “¿De qué sirven tantos protocolos de seguridad si seguimos perdiendo vidas?”, planteó.
Desde la Comisión de Trabajo, Tamara Ramírez abordó la necesidad de revisar las condiciones en que se desarrollaban las labores en cada caso. “Las tragedias recientes, incluidas las de El Teniente e Illapel, hacen urgente investigar las condiciones en que se desarrollaban las labores, establecer eventuales responsabilidades y entregar respuestas oportunas a las familias”, afirmó.
Respecto del seguimiento de las investigaciones, Olmos comprometió su labor fiscalizadora para que las indagatorias permitan conocer las causas de los hechos y corregir los riesgos detectados. “Como integrante de la Comisión de Minería y Energía, exigiré que se investigue a fondo lo ocurrido, que se establezcan responsabilidades y, sobre todo, que existan plazos concretos para entregar respuestas y resultados. Porque las investigaciones no pueden prolongarse indefinidamente mientras la familia espera justicia y los trabajadores siguen expuestos a riesgos”, sostuvo.
Ramírez puso especial atención en la protección de quienes trabajan bajo distintas modalidades de contratación. “Como integrante de la Comisión de Trabajo, pondré el foco en que el derecho a trabajar en condiciones seguras se cumpla efectivamente, tanto para trabajadores directos como contratistas. Se requiere una fiscalización que permita detectar y corregir riesgos antes de que ocurra otra tragedia, junto con investigaciones con plazos concretos y medidas que protejan a quienes siguen trabajando. Ninguna meta productiva puede estar por encima de la vida de un trabajador”, expresó.
Finalmente, Olmos advirtió que la prevención debe traducirse en acciones antes de que ocurran nuevos accidentes. “No podemos seguir reaccionando cuando los trabajadores ya están muertos. Necesitamos responsabilidades, respuestas oportunas y medidas efectivas para evitar nuevas tragedias. La vida de un trabajador no puede seguir siendo el costo de las fallas en seguridad”, concluyó.
