“Esencial determinar si hubo decisiones de inversión que implicaron riesgos excesivos, deficiencias en los controles o incumplimientos legales por parte de las administradoras”, señaló el senador DC.
El parlamentario ofició a la Superintendencia de Pensiones tras conocerse variaciones negativas por US$7.700 millones en operaciones financieras de las AFP y una caída de 10,39% del Fondo E durante 2026. Advirtió que, si se acreditan irregularidades, deben establecerse responsabilidades y mecanismos de reparación para los trabajadores perjudicados.
Ante la gravedad de las pérdidas registradas en los fondos previsionales, especialmente en aquellos considerados más conservadores, el senador DC Iván Flores ofició a la Superintendencia de Pensiones exigiendo esclarecer las operaciones financieras realizadas por las AFP, determinar eventuales responsabilidades y evaluar mecanismos de reparación o compensación para los afiliados afectados. “No puede ser que una vez más pague Moya”.
“Estamos hablando de los ahorros de toda una vida de trabajo. Es extremadamente grave que un fondo considerado conservador registre pérdidas de esta magnitud, especialmente cuando allí mantienen sus recursos personas próximas a jubilar. No podemos aceptar que los trabajadores terminen pagando las consecuencias de eventuales decisiones de inversión riesgosas o de una fiscalización insuficiente. Aquí tiene que haber explicaciones, responsabilidades y, si corresponde, reparaciones”, sostuvo Flores.
Reparaciones para los afiliados afectados
Uno de los aspectos centrales del oficio enviado al superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, es determinar si las pérdidas responden a fluctuaciones de los mercados internacionales o si existieron decisiones de inversión que implicaron riesgos excesivos, deficiencias en los controles o incumplimientos legales por parte de las administradoras.
El senador también solicitó aclarar si los US$7.700 millones corresponden a pérdidas patrimoniales efectivas o a variaciones negativas en la valorización de contratos financieros vigentes, y cuál ha sido su impacto real sobre los ahorros de los afiliados.
“Si se acredita que estas pérdidas fueron consecuencia de negligencias, infracciones a la normativa o incumplimientos de las administradoras, no basta con aplicar sanciones. También debe evaluarse cómo reparar económicamente a los trabajadores perjudicados. No puede ser que una mala administración termine castigando las futuras pensiones de miles de personas”, enfatizó el parlamentario.
Especial preocupación por quienes están próximos a jubilar
En su presentación, Flores requirió conocer el número de afiliados que mantienen recursos en el Fondo E, especialmente aquellos próximos a pensionarse, y las estimaciones sobre el impacto de las pérdidas en sus saldos individuales y futuras pensiones. Asimismo, pidió informar desde cuándo la Superintendencia conocía los riesgos asociados a estas operaciones, qué medidas de fiscalización adoptó y si existen auditorías, investigaciones o procedimientos sancionatorios en curso.
“Quienes están cerca de jubilar no tienen años por delante para esperar una eventual recuperación de los mercados. Por eso es indispensable conocer cuánto se han visto afectados sus ahorros y si hubo responsabilidades que obliguen a establecer compensaciones. La Superintendencia debe entregar respuestas claras y transparentes”, agregó.
Finalmente, el senador Flores recalcó que los ahorros previsionales constituyen el patrimonio de millones de trabajadores y deben administrarse bajo los más altos estándares de responsabilidad y supervisión. “Los fondos de pensiones no pueden ser tratados como un capital para asumir riesgos sin consecuencias. Son los ahorros de millones de familias chilenas y deben estar protegidos. Si hubo incumplimientos, deben existir sanciones y mecanismos efectivos de reparación”, concluyó.
